El Ejecutivo oficializó la Ley N° 27.793, que establece la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad, la actualización de aranceles del sistema de atención y compensaciones económicas a prestadores. Sin embargo, su implementación quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.
Qué establece la normativa
La Ley de Emergencia en Discapacidad tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos centrales se destacan:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
- Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.
- Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Compensaciones económicas de emergencia a prestadores, en función de la brecha entre la inflación y los aumentos de aranceles.
- Extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten a personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
Según el Decreto 681/2025, la implementación plena de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, equivalentes al 0,35 % del Producto Bruto Interno, sin contemplar la posible ampliación de beneficiarios.
Motivos de la suspensión
El Gobierno explicó que la ejecución de la ley no es posible por la falta de financiamiento específico. En ese sentido, el decreto señala tres razones principales:
- La ley no prevé fuentes de financiamiento concretas.
- La obligación legal de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario, de acuerdo con la Ley N° 24.629.
- La insuficiencia de recursos actuales, lo que obligaría a recortar servicios esenciales como seguridad, justicia y alimentación en cárceles.
El decreto también recordó que el Congreso sancionó la ley pese a las observaciones del Ejecutivo, y que su aplicación solo será posible cuando se aprueben los fondos necesarios en el presupuesto nacional.
Ajustes parciales en el presupuesto
En paralelo, el Ejecutivo oficializó la Decisión Administrativa 24/2025, que refuerza de manera parcial el presupuesto vigente. Se incrementaron los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se reasignaron partidas de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el objetivo de cubrir urgencias vinculadas a la actualización de aranceles para prestadores, aunque sin habilitar la aplicación total de la ley.
Fuente: Todo Noticias.
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