La Dra. Laura Lamas González, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, anunció formalmente que ha iniciado un proceso de vindicación conforme a lo establecido en la Constitución provincial, ante la difusión pública de informaciones que la involucran en las investigaciones por presunto encubrimiento al sacerdote Atilio Luis Bruno, acusado en causas por abuso sexual. A la par, solicitó licencia de su cargo hasta la conclusión de dicho proceso y comunicó que promoverá una querella penal contra quienes resulten responsables por la difusión de acusaciones que considera falsas y maliciosas.
Según el parte oficial del Poder Judicial de Jujuy, la presentación formal se realizó ante la Oficina de Gestión Judicial este 25 de septiembre de 2025, en cumplimiento del artículo 62, apartado 2, de la Constitución provincial. Esa norma prevé que un funcionario público imputado por un delito en el ejercicio de sus funciones debe presentar acciones judiciales para vindicarse, bajo pena de destitución. En este contexto, Lamas González solicita que los acusadores, autores materiales o intelectuales de la difusión de información falsa o engañosa, respondan ante la Justicia por daños y perjuicios.
Quizás te interese: “Hemos cumplido con los procedimientos”, el Obispado de Jujuy emitió un comunicado frente a la grave denuncia contra un cura
A lo largo de su comunicado, la magistrada sostuvo que las acusaciones contra su persona “relacionadas con actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación” constituyen imputaciones improcedentes que la vinculan al caso Bruno sin fundamento confirmado. Por ello, enfatizó que su licencia y el proceso de vindicación buscan preservar la institucionalidad del Alto Tribunal y su propia defensa, mientras las instancias judiciales investigan las responsabilidades correspondientes.
Este anuncio se produce en medio de una profunda repercusión mediática por la causa que investiga al sacerdote Bruno, en la cual varios medios jujeños han publicado que Lamas habría mantenido contactos con integrantes del expediente o intervenciones irregulares para impedir la difusión de ciertos elementos del caso. En particular, se la vincula con pretensiones de frenar divulgaciones públicas y habría sido mencionada en chats filtrados donde se planteaban acuerdos entre distintos actores para inhibir testigos o bajo amenazas de silencio.
La causa contra Bruno ha generado múltiples escándalos: desde denuncias de abuso sexual a mujeres que lo responsabilizan por hechos ocurridos en distintas jurisdicciones, hasta chats privados en los que el acusado supuestamente ofrecía sumas de dinero para que testigos desistieran de avanzar con la denuncia. En esos registros, miembros del poder judicial provincial y nacional habrían sido aludidos como potenciales intermediarios para acuerdos informales. En ese marco, la intervención de una jueza de la Suprema Corte en un proceso penal de semejante gravedad adquiere especial relevancia institucional.
Con la apertura del proceso de vindicación, Lamas González se retira del ejercicio pleno de sus funciones hasta que se resuelva su situación jurídica interna. Al mismo tiempo, su querella busca determinar no solo la autoría de las acusaciones sino también la cadena de responsabilidades detrás de la difusión de informaciones que ella considera injuriosas o difamatorias frente al escenario de alta sensibilidad pública que rodea al proceso penal por abuso contra el sacerdote Bruno.
-
-
-
-
-
-
-
Deja una respuesta