A pesar del placebo que implica septiembre, primavera y Fiesta Nacional de los Estudiantes mediante, la tensión gremial vuelve a percibirse en las calles de San Salvador, porque el paso del tiempo también implica que Tesorería de la provincia cierra las liquidaciones de haberes, un hecho que no conforta a buena parte de los trabajadores dependientes de la administración pública.
En ese contexto, la mañana capitalina tuvo como protagonista de las protestas a la Asociación del Personal Universitario y de Administración Pública (APUAP) quienes representados por su Secretario General Nicolás Fernández y la Secretaria Gremial Verónica Aramayo, concretaron una nueva medida de fuerza consistente en renteción de tareas y actividades de difusión frente a Casa de Gobierno.
El reclamo es concreto y no difiere de lo exigido durante gran parte del año reapertura paritaria y solución al déficit estructural de profesionales en el Estado provincial. En dialogo con JujuyViral advirtieron que el Ejecutivo no respondió a ocho solicitudes de encuentro y se denunció una crisis sostenida de recursos humanos, especialmente aguda en el sector salud.
Fernández sostuvo que estos pedidos de audiencia se remontan al 12 de diciembre de 2023 y que en todo este tiempo el Ejecutivo no dio respuestas concretas. Subrayó que la crisis del personal profesional en la administración pública se ha agravado desde 2017 y se profundizó con «políticas nacionales de ajuste».
Los profesionales están recargados; no hay suficiente gente para atender la demanda creciente de la población… en los últimos diez años la provincia perdió 800 cargos profesionales mientras la población aumentó, lo que genera que quienes quedan se vean obligados a cubrir vacantes, a doblar turnos y a trabajar bajo condiciones extremas
El dirigente recordó que APUAP no sólo reclama mejoras salariales sino también el sostenimiento del funcionamiento del Estado. Fernández planteó que los profesionales actúan como “la polea de transmisión” entre las políticas públicas definidas y su ejecución técnica, y que los vacíos de personal provocan demoras y deterioro en la calidad de los servicios que llegan a la ciudadanía.
A su turno, Verónica Aramayo ratificó la necesidad de que se convoque con urgencia al Ejecutivo para retomar el diálogo. Manifestó que el conflicto lejos de ser nuevo se ha ido acumulando durante años sin que se hayan adoptado medidas a su criterio adecuadas. Reclamó también que se cumpla con las normativas de contratación, competencias y condiciones laborales que garanticen una administración pública más equitativa y eficiente.
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