«Era previsible», pensarán algunos comentaristas (especialmente de espacios opositores) considerando la gran cantidad de denuncias y controversias que acumuló el jefe de los fiscales durante los 10 años que ejerció la administración del organismo judicial. «Tanta presión iba a terminar siendo ineludible, aún siendo mano derecha de Morales»,
«Vaya sorpresa», alegarán otros, incluso dentro del oficialismo, sabiendo del favoritismo del que gozó Lello Sánchez, sobre quien fue depositada la gestión de buena parte de los procesos judiciales, a sabiendas de los escándalos que rodearon la última etapa del fellnerismo. Al fin y al cabo, se lo llegó a clasificar como un ariete de justicia radical, especialmente desde que tuvo un rol protagónico en la detención y posterior proceso que llevaron a prisión a Milagro Sala.
Como fuere, el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Sergio Lelló Sánchez, decidió dirimir hoy del cargo presionado como nunca antes, desde el riñón del MPA que condujo durante la última década, porque si, no fueron ciudadanos anónimos quienes elevaron el pedido de juicio político, ante los diputados, esta vez se trató de su propio personal.
La firma bien clara y estampada en la solicitud de juicio que trataron en la Casa de Piedra señala a Walter Hugo Rondon, Agustina Aramayo, Augusto S Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernandez Rios, como los solicitantes de la medida disciplinaria por excelencia.
La decisión se produjo pocas horas después de que ingresara en la Legislatura un pedido de juicio político en su contra —y también contra el Procurador Adjunto, Ignacio Pasquini—, y en paralelo a allanamientos ordenados en oficinas del MPA.
El acto formal de dimisión fue comunicado oficialmente al mediodía del jueves 2 de octubre. Poco antes, la Legislatura había admitido a trámite la denuncia inicial, que solicitaba formar una comisión investigadora para evaluar responsabilidades en su gestión, como dictan los protocolos parlamentarios. En los considerandos del pedido se incluían acusaciones de abuso de autoridad, encubrimiento, violencia de género y violación de deberes de funcionario público.
Las acusaciones también contemplaban la solicitud de que un juez de control dispusiese allanamientos en las dependencias del MPA, inmuebles vinculados y el secuestro de equipos informáticos, servidores, discos rígidos, teléfonos oficiales, documentación de legajos de funcionarios, convenios, registros de subastas y otros elementos que podrían formar parte de la investigación. El personal de esta dependencia debió quedarse en el interior mientras las diligencias eran realizadas con cierto grado de incredulidad, ya que nunca se había celebrado allí tal grado de requisa.
Según fuentes judiciales y periodísticas, los allanamientos se llevaron a cabo en diferentes dependencias del organismo central, así como en el domicilio particular del exprocurador. Personal de seguridad restringió el acceso a las instalaciones mientras se realizaban las medidas, y se habrían incautado soportes electrónicos y documentación.
Aunque la renuncia ya fue presentada, su efecto político e institucional se hará sentir en las próximas horas, dado que la figura del Procurador General del MPA es clave en el diseño y dirección de las acciones penales y en la conducción del aparato fiscal provincial.
No obstante y volviendo al punto original de esta nota, ya existe un contexto de tensiones acumuladas en torno al MPA, con buena parte de la opinión pública en desacuerdo con la conducción. Lello Sánchez había sido cuestionado en ocasiones anteriores por fiscales y sectores críticos del reformado sistema judicial por la gestión interna del organismo, aunque aquellos señalamientos no llegaron a prosperar formalmente.
Varias integrantes del personal del MPA habían señalado abusos de autoridad, violencia de género, laboral y hasta amenazas en distintas oportunidades durante los años previos. El propio juez de Control, Rodolfo Zurueta, con quien hubo una suerte de encono personal lo acusó de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. No obstante, la confianza del por entonces gobernador Morales era tanta, que incluso con semejante repertorio de denuncias llegó a ser ratificado y hasta «ascendido», por así llamarlo, tras la reforma parcial de la Constitución en 2023. Pero remitiéndose a las pruebas, había un límite para la protección de quien alguna vez ostento el privilegiado cargo de jefe de los fiscales jujeños.
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