En el marco del «Operativo Roca», el Gobierno nacional habilitó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en situación de flagrancia durante patrullajes en la frontera norte, y a portar armas cargadas en situaciones de potencial peligro. La medida, oficializada mediante la resolución reservada 347 firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, busca reforzar la seguridad en zonas sensibles como Salta y Jujuy en coordinación con Gendarmería Nacional.
Según explicó Petri, la detención de personas en flagrancia está amparada por el Código Procesal Penal de la Nación, que autoriza a la policía, a otras autoridades e incluso a ciudadanos comunes a realizar aprehensiones bajo estas circunstancias.
Las nuevas “reglas de empeñamiento” establecen que el uso de la fuerza debe regirse bajo los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad. Asimismo, se permite el uso de armas de fuego bajo estrictos criterios de gradualidad, incluyendo disparos de advertencia, aunque se prohíbe abrir fuego contra vehículos o personas que intenten evadir un control.
La iniciativa generó inquietud en sectores de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de enfrentar consecuencias judiciales en caso de incidentes durante los operativos. También despertó críticas de la oposición, que advirtió sobre la falta de un marco legal claro para este tipo de despliegues militares, recordando que la Ley de Seguridad Interior limita las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
El “Operativo Roca” comenzó en Salta con el despliegue de 1.300 soldados y el Gobierno prevé movilizar hasta 10.000 efectivos antes de fin de año, aunque fuentes oficiales reconocen que las capacidades logísticas del Ejército dificultan sostener semejante número de manera simultánea.
Fuente: TN
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