Una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantiene genera revuelo en el sistema judicial jujeño. Se trata de una megacausa por estafas prendarias que habría generado un perjuicio estimado en más de 900 millones de pesos, mediante maniobras fraudulentas vinculadas a la compra y venta de vehículos de alta gama.
La denuncia involucra a empleados del Banco Santander –sucursal Jujuy– además de escribanos, gestores y concesionarias, que habrían conformado una red destinada a simular operaciones crediticias bajo nombres falsos o mediante engaños a personas de bajos recursos.
Según explicó el abogado Fernando Bóveda a JujuyViral, patrocinante de un grupo de damnificados, la causa se encuentra en etapa avanzada tanto en el fuero civil como en el penal, con la mayoría de los implicados ya identificados. El letrado sostuvo que la estructura delictiva operaba bajo un esquema perfectamente articulado: un captador —identificado con el apellido Martínez— reclutaba personas a quienes les ofrecían sumas de dinero a cambio de firmar documentos sin conocer su contenido. Luego, esas firmas eran utilizadas para gestionar créditos prendarios en el Banco Santander, con la intermediación de dos escribanías locales, donde se formalizaban los formularios 08 y los contratos de prenda.
Una vez otorgados los préstamos, los vehículos —en su mayoría autos de alta gama— eran retirados de concesionarias previamente vinculadas con la maniobra, y posteriormente revendidos en Jujuy u otras provincias. “Están individualizados los gestores, las escribanías, los empleados bancarios y los puntos de venta”, señaló Bóveda, quien además indicó que en el fuero civil “ya se abrió la etapa de prueba para demostrar las falsificaciones de firmas”, mientras que en el ámbito penal se aguardan decisiones de fondo relacionadas con detenciones e imputaciones formales.
Tengo conocimiento de unas 30 denuncias la mayor parte son de Jujuy, pero también en Salta, Córdoba y otros lugares… A una jubilada que ganaba 300.000 pesos le atribuyeron la titularidad de un auto de alta gama cuando es obviamente imposible
El abogado reconoció que los recientes cambios en el MPA demoraron parcialmente el avance de la causa, pero insistió en que el tiempo transcurrido ya exige resoluciones concretas. Hasta el momento, se contabilizan unas 30 denuncias formales en Jujuy, aunque Bóveda aseguró haber recibido consultas de Salta y Córdoba, lo que podría ampliar la escala de la investigación hacia otras jurisdicciones.
De acuerdo con el testimonio del letrado, los principales partícipes del fraude conocían plenamente las maniobras que llevaban adelante. Sin embargo, las víctimas fueron utilizadas como prestanombres, muchas veces sin saberlo. En algunos casos, las personas fueron engañadas con excusas diversas —como la firma de papeles para un supuesto partido político—, y luego se encontraron figurando como titulares de automóviles imposibles de costear.
Uno de los episodios más llamativos fue el de una jubilada jujeña que percibe 300 mil pesos mensuales, a quien le adjudicaron la propiedad de un vehículo de lujo valuado en cifras millonarias. “Es un ejemplo claro del nivel de falsificación y del abuso con el que actuaron”, explicó Bóveda, quien incluso presentó un recurso de amparo para proteger a la mujer de las consecuencias legales y financieras derivadas de la maniobra.
En paralelo, la parte querellante solicitó que se refuerce la intervención en los registros automotores para detectar otras operaciones sospechosas vinculadas al mismo circuito de crédito. “Hay que revisar todas las prendas otorgadas a través del Santander en Jujuy, porque probablemente no sean casos aislados”, advirtió el abogado.
La magnitud económica del fraude y la cantidad de actores involucrados convierten esta causa en una de las más importantes de los últimos años en materia de delitos financieros en la provincia. Las autoridades del MPA avanzan en la recopilación de pruebas periciales y bancarias que permitan determinar el grado de responsabilidad de cada participante y, eventualmente, ordenar medidas de detención o embargo de bienes.
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