Una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió las alarmas en el Gobierno nacional luego de detectar que 178 mil personas fallecidas continúan figurando como beneficiarias activas del Certificado Único de Discapacidad (CUD), percibiendo asistencia estatal de manera irregular. El hallazgo se produjo en medio de la polémica por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que finalmente no será derogada por el Poder Ejecutivo.
Cruce de datos y posibles acciones judiciales
Según confirmaron fuentes oficiales, la detección fue posible tras el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior. La irregularidad surgió durante el proceso de auditoría integral iniciado el 28 de agosto, luego de la salida del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, envuelto en un escándalo por audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de coimas. No obstante, el exfuncionario presentó recientemente un peritaje judicial en el que asegura que dichos audios fueron manipulados con inteligencia artificial.
El actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, fue quien detectó las inconsistencias y autorizó la baja de los certificados observados. En paralelo, desde Casa Rosada analizan judicializar tanto a quienes cobraban los beneficios como a los prestadores involucrados, al considerar que se trata de “una estafa lisa y llana al Estado”.
Más irregularidades bajo la lupa
El CUD es un documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita el acceso a distintas prestaciones estatales, tras una evaluación realizada por una Junta Interdisciplinaria. Sin embargo, el caso de los certificados activos correspondientes a personas fallecidas no fue la única inconsistencia detectada. En Balcarce 50 aseguran que la auditoría reveló fallas estructurales en los controles internos, contratos bajo revisión y un funcionamiento poco transparente del organismo durante la gestión anterior.
Las críticas hacia Spagnuolo se intensificaron tras la viralización de los audios. Funcionarios aseguran que no reportaba regularmente las acciones del área, que decía comunicarse de forma directa con el presidente Javier Milei y que “fabular y mentir” eran prácticas habituales. Incluso se evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS y que pasara a depender del Ministerio de Salud, una posibilidad que finalmente fue descartada.
Ley de Emergencia en Discapacidad y escenario político
En este contexto, hacia fin de año el Gobierno intentó avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, incorporando el tema al Presupuesto 2026. La iniciativa fue resistida por la oposición y por gobernadores aliados en Diputados. Aunque el oficialismo planea insistir en el Senado, donde el proyecto obtuvo dictamen, ya evalúa prescindir de la derogación y avanzar con una contrapropuesta, introduciendo modificaciones al texto vigente aprobado por el Congreso.
Los resultados finales de la auditoría sobre la ANDIS aún no fueron cerrados y, según adelantaron fuentes oficiales, podrían hacerse públicos hacia el final del primer trimestre de 2026, en un escenario que promete nuevas definiciones políticas y judiciales.
Fuente: infobae
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