Tal como habían anticipado en campaña y ratificado una vez que juraron en el cargo, los legisladores provinciales que integran el bloque La Libertad Avanza, no quieren andar con chiquitas, pretenden escarbar de ser necesario en la estructura oficialista cuando perciban algún esbozo de irregularidad.
Esta vez fue Laura Tome Gámez, quien presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) con el objetivo de conocer en detalle el manejo presupuestario y administrativo del organismo responsable de los principales eventos estudiantiles de la provincia. La solicitud apunta a obtener datos vinculados a recursos humanos, contrataciones y planificación financiera, en el marco del derecho ciudadano a la transparencia en el uso de fondos públicos.
Según explicó la legisladora, el requerimiento incluye información sobre la cantidad de personal contratado, la participación de trabajo voluntario y los criterios utilizados para la contratación de servicios. También hizo foco en los dos eventos centrales que organiza el Ente —la Cena Blanca y la Fiesta Nacional de los Estudiantes— particularmente en la planificación presupuestaria, los mecanismos de contratación de infraestructura y servicios, y si estos se realizaron mediante licitaciones, concursos o adjudicaciones directas. Tome Gámez sostuvo que el objetivo es que la ciudadanía pueda conocer cómo se administran los recursos destinados a estas actividades.
de planificación durante la Cena Blanca 2025
La diputada indicó que el pedido no surge de manera aislada, sino que tiene como antecedente diversas inquietudes expresadas por la comunidad. En ese sentido, recordó lo ocurrido durante la última edición de la Cena Blanca, que debió ser reprogramada tras un fuerte temporal que afectó las carpas instaladas en Ciudad Cultural. Señaló que existían alertas meteorológicas previas y planteó que, desde la gestión de eventos, algunas situaciones podrían haberse previsto, especialmente en lo referido a la seguridad de los jóvenes que participaron.
Contamos con algunas estimaciones preliminares, pero el análisis se realizará una vez que el Ente brinde la información oficial solicitada. Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas ya que los datos no pertenecen a la gestión, sino a la ciudadanía
En las últimas semanas, no fueron pocos los cuestionamientos públicos hacia la conducción del Ente Autárquico, encabezada por Martín Meyer, tanto en aspectos organizativos como económicos, especialmente tras los inconvenientes registrados en la Cena Blanca. Sin profundizar en polémicas, la legisladora señaló que, de detectarse irregularidades, podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles o eventualmente penales, según la gravedad de los hechos.
De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, el organismo tiene plazo hasta el 22 de enero para responder al pedido de acceso a la información pública y presentar la documentación requerida.
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