Burford Capital, principal beneficiario del fallo en primera instancia contra el Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012, solicitó formalmente que la jueza Loretta Preska declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones. El pedido, que ya había sido anticipado antes de Navidad, se conoció oficialmente en las últimas horas y se enmarca en la causa que condenó al país a pagar USD 16.000 millones, monto que supera hoy los USD 18.000 millones con intereses.
El pedido de desacato y las sanciones solicitadas
Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, se trata de un proceso largo y complejo, en el que Burford busca convencer a la magistrada de que Argentina incumplió órdenes judiciales. Entre las medidas reclamadas por los demandantes figuran la declaración de “alter ego” de entes estatales como el BCRA, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, sanciones civiles, la presunción de que la prueba no presentada sería desfavorable para el país, una multa coercitiva de un millón de dólares diarios y, finalmente, la declaración de desacato.
La postura del Estado argentino
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) rechazaron de plano los argumentos de Burford y aseguraron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios. Además, sostuvieron que la moción del fondo constituye un intento de hostigamiento mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados”, alineados con una estrategia destinada a “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
En la misma línea, fuentes oficiales señalaron que Burford ve limitadas sus herramientas procesales y recurre ahora al planteo de desacato como forma de presión para forzar una negociación, comparando su accionar con el de un “fondo buitre” que adquirió derechos de litigio con fines especulativos.
El trasfondo del conflicto judicial
La sentencia dictada por Preska fue apelada y tuvo audiencia en octubre, pero en el sistema judicial estadounidense los fallos pueden ejecutarse mientras la apelación está en curso. Por ese motivo, Burford intenta desde el año pasado avanzar en el cobro, incluso buscando embargar activos o acciones del Estado en YPF y probando que existe un control absoluto del Gobierno sobre empresas y organismos públicos.
Como parte de esa estrategia, el fondo solicitó correos electrónicos y mensajes personales de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. El Estado argumentó que, según el derecho estadounidense, solo puede exigirse documentación que esté bajo su “posesión, custodia o control”, y que no tiene acceso legal a cuentas personales, protegidas además por la legislación argentina.
Un riesgo político y financiero
El presunto incumplimiento en la entrega de esa información es la base del pedido de desacato. Más allá de la decisión que adopte Preska, el escenario genera preocupación: estar en desacato ante un tribunal con jurisdicción en Wall Street sería una señal negativa para un país que busca volver a los mercados, especialmente cuando el Presidente encabezará en marzo el evento Argentina Week para inversores en Nueva York.
Según el cronograma judicial, es poco probable que haya una definición antes de fines de marzo, mientras la Argentina presentará formalmente sus argumentos el 19 de febrero, en un nuevo capítulo de uno de los litigios más costosos y sensibles de su historia reciente.
Fuente: Infobae
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