El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si el texto es compatible con los tratados comunitarios. En términos prácticos, esta decisión paraliza el proceso de ratificación y podría demorar hasta dos años la entrada en vigor del pacto, recientemente firmado tras más de dos décadas de negociaciones.
Ratificación en suspenso tras una votación ajustada
La moción fue aprobada este miércoles 21 de enero con una votación muy reñida: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La resolución se produjo apenas cuatro días después de la firma oficial del acuerdo, celebrada en Asunción, Paraguay, en el teatro José Asunción Flores del Banco Central, un sitio emblemático por ser el lugar de nacimiento del Mercosur.
Los eurodiputados que impulsaron la iniciativa expresaron dudas sobre la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, al considerar que podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También cuestionaron la base jurídica elegida, que permite avanzar con los capítulos comerciales sin la aprobación de los parlamentos nacionales.
Un proceso complejo y con plazos inciertos
El TJUE estima que este tipo de dictámenes suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque aclaró que puede priorizar el análisis si las circunstancias lo requieren. Hasta que el tribunal se pronuncie, el acuerdo comercial interino no podrá avanzar, y el acuerdo de asociación completo seguirá dependiendo de la ratificación de los 27 Estados miembros de la UE y de los países del Mercosur.
Desde la Comisión Europea, la decisión fue recibida con preocupación. El portavoz comunitario Olof Gill sostuvo que los cuestionamientos planteados “no están justificados”, ya que, según afirmó, ya fueron abordados en profundidad durante las negociaciones con el Parlamento.
Cruces políticos y contexto internacional
Mientras algunos sectores consideran que enviar el acuerdo al TJUE es un movimiento político para retrasar su aplicación, otros lo defienden como una garantía de seguridad jurídica. El eurodiputado Jörgen Warborn advirtió que el pacto podría generar un impacto positivo en el PIB europeo, incluso superior a los efectos negativos de posibles aranceles de Estados Unidos.
En contraste, referentes como la socialdemócrata Iratxe García defendieron el acuerdo como una respuesta estratégica frente a las políticas comerciales de Donald Trump, mientras que el líder de los Verdes, Bas Eickhout, cuestionó: “¿Qué miedo hay en consultar al Tribunal de Justicia de la UE?”, respaldando la decisión de someter el texto a revisión judicial.
Fuente: Infobae
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