El Gobierno nacional reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su pedido para que la dirigente social Milagro Sala vuelva a cumplir su condena en una unidad penitenciaria, dejando sin efecto la prisión domiciliaria que rige desde 2017. La presentación fue realizada por el Ministerio de Justicia, que solicitó el cese de la medida dispuesta por ese tribunal internacional.
Presentación del Ministerio de Justicia ante la CIDH
A través de un comunicado, el Ministerio encabezado por Mariano Cúneo Libarona informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos “reiteró ante la CIDH el pedido de cese de la medida que, por decisión de ese tribunal, mantiene a Milagro Sala bajo prisión domiciliaria desde 2017, para que su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”.
Desde la cartera señalaron que consideran que la exlegisladora jujeña y líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, debería cumplir su condena en una cárcel. Indicaron además que Sala registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por esos delitos.
Argumentos del Gobierno para solicitar el cese de la prisión domiciliaria
En los fundamentos presentados ante la CIDH, el Ministerio de Justicia sostuvo que “el Estado argentino rechazó las alegaciones de ‘hostigamiento judicial’ formuladas por la defensa y acompañó documentación sobre la situación actual”. Según se detalló, esa documentación daría cuenta de que Milagro Sala habría violado las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico.
En ese sentido, aclararon: “Eso activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal. Presentar esas medidas como ‘hostigamiento’ busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”.
Postura oficial sobre derechos humanos y obligaciones internacionales
Desde el Ministerio remarcaron que la Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, y afirmaron que la medida dispuesta por la CIDH “se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener una condena firme”.
Finalmente, el comunicado expresó que “en la nueva Argentina del Presidente Javier Milei, se terminaron los privilegios de la casta que se enriquecen a costa de los argentinos de bien”, y concluyó: “Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”.
Fuente: TN
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