La comunidad educativa de Jujuy culminó con incertidumbre y hasta pánico la pasada semana escolar, por eso no extraña que desde este lunes 20 de abril, las escuelas tengan otra sensación. No es para menos, a pocos días del hecho que sacudió a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 en la ciudad santafesina de San Cristóbal, comenzó a desatarse una peligrosa moda, que para algunos estudiantes parece no tener consecuencias.
Los mensajes intimidatorios en los baños de varios colegios, incentivaron un esquema de seguridad reforzado que implica la broma de unos pocos para fastidiar a miles de sus compañeros. Las medidas, coordinadas entre el Ministerio de Educación y la Policía de la Provincia, buscan normalizar el dictado de clases garantizando la integridad de alumnos y docentes.
En establecimientos de San Salvador de Jujuy, Palpalá y el Ramal, se observó desde temprano una mayor presencia de efectivos policiales en los alrededores y puntos de ingreso. Entre las principales disposiciones preventivas, algunas instituciones recomendaron a los estudiantes de nivel secundario asistir sin mochilas, portando únicamente los útiles necesarios para la jornada de manera visible. Asimismo, se reconfiguraron las áreas de recreación y los accesos para permitir un control más exhaustivo del flujo de personas.
Restricción tecnológica y sanciones
La Escuela Técnica Herminio Arrieta (ETHA) de Libertador General San Martín fue un paso más allá y prohibió, desde este lunes, el ingreso de teléfonos celulares, tablets y cualquier gadget electrónico. La medida institucional busca evitar que estos dispositivos se conviertan en vehículos para la réplica de desafíos virales o mensajes que alimenten la psicosis colectiva. En caso de incumplimiento, los equipos serán retenidos y solo se devolverán a los padres o tutores.
Desde el ámbito judicial, la respuesta ha sido contundente. El fiscal regional Alfredo Blanco confirmó la realización de allanamientos durante el fin de semana en localidades como Palma Sola y Santa Clara. En los procedimientos se secuestraron computadoras y teléfonos celulares vinculados a las publicaciones en redes sociales.
La intimidación pública es un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. No se pueden minimizar estos hechos tratándolos como bromas
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