La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito avanza con nuevos datos sobre el patrimonio del funcionario. La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó un total de U$S14.696 en un viaje familiar a Aruba entre fines de 2024 y principios de 2025, según consta en el expediente que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.
Detalles del viaje y los gastos
De acuerdo con la documentación incorporada, el entonces vocero del Gobierno abonó U$S8.874 por su estadía en dos hoteles: el Embassy Suites Hilton Aruba Beach (del 29 de diciembre al 3 de enero) y el Divi Dutch Village Resort (del 3 al 9 de enero). A ese monto se suman U$S5.800 en pasajes aéreos, adquiridos a la empresa Latam, con un costo de U$S1.450 por persona.
El expediente también revela que los pasajes fueron pagados en dólares y en efectivo, y que el viaje incluyó escalas en Perú a la ida y en Ecuador en el regreso. La estadía completa se extendió del 29 de diciembre de 2024 al 10 de enero de 2025.
Investigación patrimonial en curso
La causa busca determinar si el nivel de gastos del funcionario es compatible con sus ingresos declarados, teniendo en cuenta que al momento del viaje su salario estaba congelado y rondaba los 3 millones de pesos mensuales.
En este marco, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, lo que permitirá acceder a movimientos financieros, consumos y operaciones en detalle.
Otras operaciones bajo análisis
La fiscalía también analiza otros gastos en dólares vinculados a operaciones inmobiliarias. Entre ellos, figura la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por U$S230.000, que incluyó un pago inicial de U$S30.000 y una hipoteca por U$S200.000.
Además, un testigo aseguró que Adorni mantiene una deuda de U$S65.000 por refacciones en esa propiedad, mientras que también se investiga la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá por U$S120.000.
En paralelo, se detectó que en noviembre de 2025 el funcionario realizó un pago de U$S30.000 para cancelar parte de una hipoteca previa, cuyo saldo aún continúa vigente. La Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir su situación financiera y determinar si existió o no enriquecimiento ilícito.
Fuente: TN
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