En medio de la creciente preocupación ciudadana por la calidad de la prestación eléctrica y las fallas registradas tras los recientes fenómenos climáticos en la provincia, la diputada provincial Alejandra Mollón, referente del Partido LyDER dentro del Frente Jujuy Crece, formalizó la presentación de un proyecto de ley para convocar a una nueva licitación pública nacional e internacional de la distribución de energía. La propuesta legislativa parte de una advertencia central: el contrato de concesión original firmado en 1996 se encuentra interrumpido y funciona bajo régimen de prórroga desde el año 2021.
La iniciativa, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria de la Legislatura, busca destrabar el escenario de incertidumbre que genera la continuidad de un marco regulatorio prorrogado tras la pospandemia. Según planteó la legisladora, la falta de un contrato reformulado «dificulta el seguimiento de los planes de inversión que debe auditar la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), lo que impacta directamente en la calidad del suministro que reciben los usuarios».
Frente a este diagnóstico, el proyecto plantea actualizar las pliego de condiciones e incorporar exigencias tecnológicas acordes al siglo XXI. La convocatoria abierta permitiría la compulsa entre múltiples oferentes, incluida la actual prestadora del servicio, con el objetivo de elevar las exigencias operativas y alcanzar una tarifa razonable para los hogares jujeños.
Le estamos ofreciendo al gobernador una propuesta para mirar para adelante y no estar mirando para atrás, porque arreglar hacia atrás es mucho más complicado que proponer una nueva licitación que en definitiva está pendiente. Buscamos introducir modernización, tecnología y generar una competencia donde ganen los usuarios con un buen servicio y un precio justo
Asimismo, la propuesta contempla una revisión estructural del esquema de facturación. Con el propósito de transparentar los costos reales de la energía, el texto plantea «limpiar» el cupón de pago desglosando los cargos municipales, los fondos específicos como el FOPED y separando de manera definitiva el cobro del servicio de agua potable. Desde el espacio promotor remarcaron que el debate parlamentario permitirá discutir las distorsiones tarifarias y avanzar hacia un modelo de gestión previsible y eficiente.
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