El Gobierno nacional avanza en una reforma del régimen de empleo público que apunta a modificar aspectos vinculados con el ingreso, las evaluaciones, los ascensos, la movilidad y las remuneraciones dentro de la Administración Pública Nacional. La intención del Ejecutivo es impulsar el nuevo esquema antes de fin de año, aunque reconoce que para concretarlo deberá negociar modificaciones en los convenios colectivos vigentes.
La iniciativa es trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y fue mencionada recientemente por el presidente Javier Milei. Uno de los principales objetivos es otorgar mayor incidencia al desempeño de los agentes en el desarrollo de su carrera y en la composición de sus ingresos.
Qué cambios analiza el Gobierno
Entre los puntos bajo estudio aparecen los mecanismos de ingreso y permanencia en el Estado, los sistemas de evaluación, las condiciones necesarias para ascender, la movilidad entre dependencias y los criterios utilizados para determinar las remuneraciones. También se analizan las normas relacionadas con eventuales desvinculaciones.
Actualmente, la legislación ya contempla concursos y mecanismos de selección basados en la idoneidad, además de evaluaciones de desempeño y capacitación para avanzar dentro de la carrera administrativa. Por ese motivo, la reforma no buscaría crear estos mecanismos desde cero, sino modificar su funcionamiento y otorgarles mayor peso.
ATE asegura que todavía no fue convocada
Uno de los principales obstáculos para avanzar con los cambios será la negociación con los sindicatos. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que hasta el momento no fueron convocados para discutir una modificación del régimen de carrera de la Administración Pública central. El gremio sostiene que cualquier cambio en las condiciones laborales debe contar con participación sindical.
Desde el Ejecutivo consideran que buena parte de la reforma podría implementarse por vía administrativa, sin necesidad de aprobar una nueva ley, siempre que exista un acuerdo para modificar los convenios correspondientes. Sin embargo, si los cambios pretendieran afectar derechos y garantías establecidos directamente por la Ley 25.164, sería necesaria la intervención del Congreso.
La reforma del empleo público irá por separado de la reforma del Estado
El Gobierno también trabaja en una reorganización más amplia de organismos y estructuras estatales, que podría contemplar eliminaciones, fusiones o transformaciones de dependencias. Ese proyecto seguirá un camino diferente y la Casa Rosada prevé enviar las modificaciones que requieran respaldo legislativo al Congreso.
De esta manera, Nación busca separar la discusión sobre la estructura y funcionamiento de los organismos públicos de las modificaciones vinculadas con la carrera de los trabajadores estatales. Para estas últimas, el Ejecutivo deberá primero abrir una instancia formal de negociación con las organizaciones gremiales antes de poder avanzar con el nuevo esquema.
Fuente: TN
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