El Gobierno no prevé implementar en el corto plazo el esquema para utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES como fuente de financiamiento para los créditos hipotecarios. La propuesta presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa bajo análisis y todavía no cuenta con una fecha definida para su puesta en marcha.
La iniciativa no contempla que ANSES compre directamente las hipotecas otorgadas a particulares. El objetivo es que el FGS coloque depósitos a largo plazo en entidades financieras, que competirían por esos recursos mediante las tasas ofrecidas. De esa manera, los bancos podrían disponer de financiamiento durante períodos más extensos para respaldar préstamos hipotecarios que habitualmente se otorgan a 20 o 30 años.
El FGS podría realizar las inversiones, pero falta definir el mecanismo
La legislación vigente permite que hasta el 30% de los activos del FGS sea invertido en depósitos a plazo fijo, por lo que el proyecto no requiere habilitar una nueva categoría de inversión. De hecho, a junio el fondo ya tenía aproximadamente US$1.247 millones colocados en plazos fijos.
Sin embargo, la principal dificultad está en diseñar una operatoria para extender esas colocaciones a períodos de dos, tres, cuatro o cinco años. El Gobierno deberá establecer qué bancos podrán participar, cuánto dinero podrá adjudicarse, cuáles serán los vencimientos y qué tasas deberán ofrecer las entidades.
El FGS contaba al cierre de junio con una cartera valuada en US$79.232 millones, aunque gran parte de esos recursos ya estaba invertida. Cerca del 77,7% correspondía a títulos públicos nacionales y las disponibilidades representaban apenas el 0,3%, unos US$224 millones. Por eso, avanzar con el programa implicaría determinar qué activos se reasignan o qué nuevos fondos podrían destinarse al sistema bancario.
Rentabilidad y riesgos jurídicos, entre los puntos a resolver
Otro aspecto central será garantizar que las colocaciones bancarias resulten convenientes para el fondo. Los responsables del FGS deberán demostrar que las tasas ofrecidas compensan adecuadamente el plazo y el riesgo frente a otras alternativas de inversión, entre ellas los bonos ajustados por CER, que actualmente tienen una participación importante dentro de la cartera.
A las cuestiones financieras se suman las dificultades jurídicas y la cautela de los funcionarios que deberán autorizar la operatoria. Distintas administraciones fueron objeto de investigaciones judiciales por decisiones vinculadas con el manejo de los activos previsionales, un antecedente que lleva al Ejecutivo a buscar un respaldo técnico y legal detallado antes de avanzar.
Por el momento, el proyecto permanece bajo revisión y sin una fecha prevista de implementación. El objetivo oficial es encontrar un mecanismo que permita generar financiamiento de largo plazo para ampliar la oferta de créditos hipotecarios, pero sin comprometer la rentabilidad del FGS ni abrir nuevos cuestionamientos sobre la administración de sus recursos.
Fuente: TN
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