La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes 9 de octubre, a las 9 horas, una reunión extraordinaria para analizar la controversia judicial por la Ley de Tierras Rurales, derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. El máximo tribunal deberá resolver un pedido de medida cautelar que podría modificar la situación jurídica de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La convocatoria se produce luego de que los magistrados no lograran alcanzar los votos necesarios para resolver el expediente.
Qué establece la Ley de Tierras y por qué está en discusión
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras. Entre sus principales disposiciones fijó un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las superficies rurales del país y de cada provincia, además de restricciones para personas o empresas de una misma nacionalidad. También estableció un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente en otras regiones para un mismo titular extranjero. El Gobierno nacional dispuso su derogación en diciembre de 2023 mediante el DNU 70/23, una decisión que derivó en distintas presentaciones judiciales.
El expediente que analizará la Corte surgió de una presentación realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la derogación y solicitaron una medida cautelar para preservar las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales. Su planteo se fundamenta principalmente en la protección del ambiente, los derechos colectivos y los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. La causa comenzó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente fue vinculada con otro expediente tramitado en La Plata.
La Corte convocó a dos jueces para destrabar la decisión
La reunión extraordinaria contará con la participación de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, integrantes actuales del máximo tribunal, junto con dos conjueces convocados para intervenir en el expediente. Se trata de Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La incorporación de ambos magistrados responde a la falta de acuerdo entre los tres jueces titulares. Para acelerar el procedimiento, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo destinado a consentir la integración del tribunal y habilitó días y horas inhábiles.
El nuevo tratamiento judicial ocurre después de que la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, el tribunal consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación procesal para impulsar esa acción, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. Ahora, la Justicia deberá analizar una presentación diferente, centrada en derechos ambientales e indígenas. La resolución podría tener consecuencias sobre el régimen de propiedad rural en Argentina, aunque el alcance de cualquier decisión dependerá de los fundamentos y de las medidas que eventualmente disponga el máximo tribunal.
Fuente: Infobae
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