La Justicia boliviana confirmó la fecha del juicio oral por el crimen del odontólogo jujeño ocurrido en abril. El único acusado permanece detenido y podría enfrentar una condena de 30 años de prisión. La familia denunció hostigamientos y exige la pena máxima.
La causa por el asesinato de Miguel Ángel Coria, el jujeño de 37 años que fue encontrado sin vida en Tarija, Bolivia, ingresará a una etapa decisiva el próximo miércoles 13 de enero de 2027. La primera audiencia del juicio oral comenzará a las 15:30 y se desarrollará de manera presencial en los tribunales de esa ciudad. El único acusado es Moisés Márquez Calani, de 42 años, quien enfrenta cargos por asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento. El imputado permanece bajo prisión preventiva en el penal de Morros Blancos desde abril.
El crimen ocurrió durante la mañana del 25 de abril de 2026, cuando Coria se encontraba cerca de su domicilio, sobre la avenida Domingo Paz. Según la reconstrucción presentada por la querella, las cámaras de seguridad registraron que la víctima caminaba junto al acusado antes de ser agredida. El odontólogo intentó escapar cruzando la calle, pero fue perseguido y atacado nuevamente hasta quedar tendido en el suelo. Posteriormente, el sospechoso abandonó el lugar y fue detenido por la Policía boliviana tras el aviso de testigos.
Las pruebas que serán analizadas durante el juicio
Uno de los elementos más relevantes de la investigación es una pericia genética que confirmó la presencia de sangre de Miguel Coria en una zapatilla del imputado, según informó Cristian Toledo Telles, abogado de la familia. A esta evidencia se suman las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados durante la investigación. A fines de agosto, el Ministerio Público de Bolivia dio por concluida la etapa investigativa y posteriormente formalizó la acusación, lo que permitió elevar la causa a juicio oral.
La familia denunció amenazas y exige la pena máxima
En las últimas semanas, Gabriela Coria, hermana de la víctima, denunció que su familia recibió llamadas intimidantes y ofrecimientos de dinero de personas que se identificaron como allegadas al acusado. Según relató, los contactos buscaban que aceptaran modificar la calificación del delito de asesinato a homicidio, lo que podría implicar una condena menor. La familia rechazó cualquier acuerdo y ratificó que continuará reclamando justicia. De acuerdo con el artículo 252 del Código Penal boliviano, el delito de asesinato contempla una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, sanción que los familiares solicitarán durante el proceso.
Por otra parte, los allegados de Coria sostienen que el asesinato estuvo motivado por discriminación hacia su orientación sexual y esperan que el juicio permita visibilizar la violencia contra la comunidad LGBT+. Esta hipótesis también motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que en mayo inició un seguimiento del expediente para verificar que la investigación se desarrollara sin prejuicios ni estereotipos discriminatorios. Mientras se aproxima el debate judicial, la familia continúa acompañada por organizaciones sociales y referentes de Jujuy y Tarija, con el objetivo de obtener una condena y mantener vigente el reclamo de justicia por Miguel.
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