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El Gobierno envió al Congreso la reforma de la Ley Penal Tributaria

El Ejecutivo busca elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el piso para considerar la evasión tributaria como delito. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que la iniciativa fue firmada este miércoles por la noche y remitida de manera electrónica a la Cámara de Diputados.

A través de declaraciones radiales, Francos explicó que la propuesta apunta a movilizar los ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”, y que incluye una serie de medidas destinadas a dar garantías a quienes los regularicen: “La ley tiene varios puntos que buscan movilizar los ahorros que fueron adquiridos en el mercado informal”, expresó.

Además, la iniciativa contempla mantener las penas de dos a seis años para quienes evadan tributos por montos superiores a los $100 millones. En el caso de la evasión agravada, que implica sanciones de tres a nueve años, el umbral pasará a ser de $1.000 millones.

Otro de los cambios clave es la reducción de cinco a tres años del plazo de prescripción penal para delitos tributarios. Esto se aplicaría solo si el contribuyente inscripto presentó en término su declaración jurada y si la diferencia entre lo declarado y lo real no fue significativa.

Por el momento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no oficializó el ingreso del proyecto en el registro legislativo, aunque en el oficialismo aseguran que el trámite demora cerca de un día por haber sido presentado en formato digital.

El Gobierno no incluyó cambios a la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni modificó las facultades de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco propuso reformar la Ley Penal Cambiaria, que penaliza la compra de dólares en el mercado informal. Según fuentes oficiales, una modificación en ese sentido podría poner en riesgo el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.

La Casa Rosada apuesta a que el proyecto sea aprobado con el respaldo de los legisladores que responden a gobernadores aliados, con quienes ya firmó un acuerdo de adhesión al nuevo régimen fiscal. Entre ellos figuran Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), entre otros.

Luis Caputo, ministro de Economía, y sus funcionarios más cercanos, como Juan Pazo y Santiago Bausili, presentaron los detalles de las medidas en una conferencia de prensa en la que destacaron que el objetivo es fomentar el blanqueo voluntario y sin castigos de capital no declarado.

Fuente: TN

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