El defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy, Pablo Lavilla, informó que la institución se encuentra prestando asistencia y asesoramiento a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad que han comenzado a recibir notificaciones formales de suspensión del beneficio por parte del Gobierno Nacional.
Según explicó Lavilla, desde hace más de dos meses la Defensoría viene siguiendo el proceso de auditoría implementado a nivel nacional sobre este tipo de pensiones. Si bien aclaró que el control del otorgamiento de beneficios corresponde legalmente a las autoridades competentes, también señaló que se han detectado “numerosas irregularidades administrativas”, en los procedimientos llevados adelante en nuestra jurisdicción.
Entre las principales deficiencias, se identificó la falta de notificación adecuada a los beneficiarios: muchas cartas no llegaron a los domicilios correspondientes o lo hicieron fuera de los plazos estipulados, impidiendo que los titulares accedieran en tiempo y forma a las auditorías médicas requeridas. “La mayoría de los casos que atendimos en la Defensoría son personas que obtuvieron legalmente la pensión por tener una discapacidad comprobada”, remarcó Lavilla.
En ese marco, el organismo indicó que actualmente se encuentran tramitando cerca de 35 casos de beneficiarios afectados, algunos de los cuales se enteraron de la suspensión al acercarse a realizar trámites ante la ANSES, o bien al recibir cartas documento notificando la baja del beneficio.
Marcelo Varela, secretario general de la Defensoría, confirmó que ya se están presentando gestiones administrativas para solicitar la revisión de los casos, en aquellos donde se constate que los titulares no fueron debidamente notificados o que hayan presentado la documentación exigida en tiempo y forma. Indicó también que, en caso de haber recibido la notificación formal de suspensión, los beneficiarios tienen 20 días hábiles para presentar descargos y documentación médica actualizada que justifique la continuidad de la pensión.
Por su parte, la Dra. Patricia Collado, asesora legal de la institución, remarcó que los trámites para solicitar la rehabilitación del beneficio deben incluir historia clínica actualizada, informes médicos y documento de identidad (DNI). Además, aclaró que en muchos casos no es posible saber si será necesario presentarse a una nueva auditoría médica, ya que eso depende exclusivamente de lo que determine la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) organismo a cargo del proceso.
Desde la Defensoría también se remarcó que muchas de las notificaciones fueron entregadas a través de empresas privadas de correo sin presencia efectiva en toda la provincia, o en algunos casos derivadas a comisarías, lo que dificultó aún más el acceso a la información por parte de los beneficiarios, particularmente en zonas rurales o alejadas como Humahuaca, La Quiaca o Abra Pampa.
Lavilla advirtió que el problema se agravará en los próximos días, a medida que se cumpla el cronograma de pagos de las pensiones no contributivas correspondiente a agosto —programado entre el 2 y el 9— y se refleje concretamente qué personas dejaron de percibir su prestación. En ese sentido, llamó a los afectados a acercarse a las distintas sedes de la Defensoría en la capital provincial o en el interior para recibir asistencia gratuita.
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