El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 que ordenó dejar sin efecto la aplicación del protocolo antipiquetes durante las manifestaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida es legítima y garantiza el derecho constitucional a la protesta, además de preservar el orden público.
La decisión judicial fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo y cuestionó la validez legal del procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad.
El Gobierno defiende el protocolo y recurrirá a la Cámara
Según indicaron fuentes oficiales, los operativos contra los disturbios “garantizan la paz social” y no carecen de legitimidad, como señaló el magistrado en su sentencia. En ese marco, el Ejecutivo recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para sostener la continuidad del protocolo, que se aplica desde el inicio de la actual gestión.
Desde la Casa Rosada afirmaron que “el 70% de los argentinos está a favor del protocolo” y consideraron que el fallo tiene un trasfondo político. En esa línea, remarcaron que sin esta herramienta “vuelve el desorden” y se afecta la convivencia social.
Los argumentos del fallo judicial
Cormick consideró que el protocolo presenta vicios en su conformación legal, al entender que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución reserva de manera exclusiva al Congreso. En particular, cuestionó la resolución 943/2023, con la que el Ministerio de Seguridad puso en marcha el procedimiento, al sostener que intenta legislar sobre materia penal y procesal.
Si bien en marzo el magistrado había rechazado suspender los operativos y supervisó personalmente su implementación durante una marcha de jubilados, en esta ocasión falló a favor del recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La respuesta del Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, confirmó mediante un comunicado que apelará el fallo y advirtió que, de dejarse sin efecto el protocolo, “vuelve el caos”. En el texto oficial se sostiene que el procedimiento “es legítimo”, cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y que permitió garantizar la libre circulación.
Monteoliva también se pronunció en redes sociales, donde afirmó que el fallo responde a “la vieja política que no quiere paz ni orden”, y aseguró que el Gobierno defenderá el protocolo “a toda costa”. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.
En sintonía, la diputada Patricia Bullrich cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la metodología “fue validada por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos”, al tiempo que apuntó contra sectores que, según dijo, “viven del caos y la desestabilización”.
Fuente: Infobae
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