El fastidio se ha generalizado, la relación llegó a un punto delicado y aunque una abogada de apellido Rosales está siendo centro del repudio, la realidad es que la conducción de la obra social provincial ha sido objeto de controversia desde hace ya muchos años. Desde afiliados que no acceden a las prestaciones en tiempo y forma por la limitada operatividad, políticos opositores que ponen en duda el manejo de su caja y hasta los profesionales sanitarios que además de cobrar aranceles por debajo de los haberes mínimos, ahora deben ser sometidos a la presión de una inquisición del siglo XXI.
Pero para entender la novela del verano, que no es nueva pero siempre ofrece nuevos capítulos, hay que dejar en claro que el cobro del famoso Coseguro, en la teoría no corresponde, ya que los convenios entre las entidades (llámese Colegio o Círculo) en representación de sus matriculados y las obras sociales/prepagas suscriben aranceles que deberían respetarse a rajatabla, evitando especulaciones entre profesionales y permitiendo que los afiliados tengan certeza y/o tranquilidad sobre el costo de las prácticas.
No obstante, tal como explican varias de estas entidades, ha sido el propio accionar del ISJ que ha motivado acciones de cobro indebido. Por ejemplo al imponer los ajustes sobre el valor de las prestaciones de manera unilateral (más allá de alguna conversación) definiendo el precio en base a criterios que no se ajustan con la realidad y que en muchos casos implica directamente pérdida.
Tal como explica el «enfurecido», comunicado del Colegio Médico de Jujuy, en algunos casos no solo existe un pago devaluado por debajo de los aranceles éticos mínimos, si no también desfasado en su acreditación. Cabe recordar que no han sido pocas las ocasiones, en que los colegios profesionales han debido realizar un cese de atención hacia los afiliados del ISJ por falta de pago.
En la vereda de enfrente, se encuentra dando una batalla solitaria Iris Rosales, jefa de Asesoría Letrada del ISJ, quien ha cobrado mayor notoriedad desde que el Dr. Manzur fue nombrado ministro de Salud, al punto de convertirse en una de las caras más visibles de la obra social más importante de Jujuy: incluso participa de un programa en el popular canal de streaming Coya TV (ISJ Con Vos).
Durante la semana en curso, la abogada tuvo apariciones en distintos medios locales y redes sociales, donde dejó en claro que refinaron «los protocolos de acción para casos donde existan cobros por fuera de los acuerdos o exista prestación de servicios deficientes». No solo el tono en el que fue manifestado, también los datos que compartió públicamente pusieron en alerta a los profesionales de la salud que trabajan con ISJ, especialmente el siguiente extracto:
…Entre las cuales se destacan 11 suspensiones con diferentes plazos de 3 a 6 meses, así también se tiene una exclusión definitiva y 8 exoneraciones a los rofesionales médicos.
Afirmo que las especialidades que variaron en ese tipo de sanciones son kinesiología, ginecología, psicología, cirugía en general y la exclusión definitiva del padrón fue para un profesional de odontología.
El hecho de que se sancionara y hasta suspendiera como prestador (desde el Círculo de Odontólogos no se negó o ratificó este hecho) fue considerado una suerte de cacería de brujas por los apuntados, quienes interpretan que «si existen los cobros adicionales, es exclusiva responsabilidad de los servicios de cobertura médica y no una decisión antojadiza de hacer caja», al mismo tiempo planteando que a pesar de la defensa encarnizada de la Dra. Rosales (que se entiende es solo una empleada defendiendo su lugar de trabajo) no dejan de ser juez y parte en este asunto.
Las redes estallaron una vez difundidas las políticas de amonestación y sanción, al punto que muchos prestadores han planteado si «la abogada (Rosales) cobraría una consulta oral o escrita por menos de $20.000», a sabiendas que según el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy proponía un costo de $154.728 para una consulta virtual.
Por su parte, el Círculo Odontológico del que se supone fue suspendido de la cartilla uno de sus matriculados, sacó un comunicado en las últimas horas para ofrecer aclaraciones respecto de esta situación, que dado el grado de costo-beneficio que les propone el ISJ sería completamente deficitario (dado la cantidad de materiales que emplean en su servicio).
Los mecanismos de control y auditoría son legítimos y necesarios, pero su aplicación no puede derivar en estigmatización colectiva ni en la instalación de una sospecha generalizada sobre los profesionales de la salud. La difusión pública de cifras de expedientes, sanciones o exclusiones, sin el debido contexto institucional, afecta la imagen, el honor y la confianza social de quienes ejercen una profesión esencial.
EL MARCO NORMATIVO DEL ISJ IMPONE A LA OBRA SOCIAL LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR A SUS PRESTADORES UNA RETRIBUCIÓN ADECUADA, OPORTUNA Y ACORDE A LA DIGNIDAD PROFESIONAL
Sin ánimos de entrar en una guerra de rubros, fuentes internas de entidades profesionales involucradas en el reclamo, confiaron a JujuyViral que dado el nivel de repercusión negativa que han tenido estas nuevas disposiciones «se morigerará el tono y la severidad con la que actúan desde el equipo legal».
En el medio de esta discusión quedan prisioneros los afiliados, eslabón más débil de la cadena, quienes se ven obligados a pagar adicionales que no les corresponden y aunque también fue negado por Rosales, es bien sabido que la nómina de prestadores se ha ido achicando debido a la disconformidad, «ya no es negocio trabajar para la obra social de la provincia, porque de pasión y compromiso por la disciplina médida no se vive», responden casi al unísono desde todas las especialidades.
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