El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, donde se llevaron a cabo las primeras diligencias judiciales tras su captura en una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas. Ante el juez, ambos se declararon no culpables de los cargos formulados en su contra, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, según lo expuesto por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Durante la audiencia, que se centró en el reconocimiento de identidad y en la formalización de las imputaciones, Maduro rechazó las acusaciones y afirmó que es inocente de los cargos. A través de un intérprete, el exmandatario sostuvo que “no soy culpable” y se identificó ante el tribunal como presidente de Venezuela, pese a estar detenido bajo custodia federal desde su traslado a Estados Unidos. Su defensa, representada por el abogado Barry J. Pollack, indicó que apelará a la inmunidad por su condición de jefe de Estado y anticipó que cuestionará la legalidad de su detención.
Cilia Flores, por su parte, también se declaró no culpable. La defensa de Flores, asistida por el abogado Mark Donnelly, informó al tribunal que ella presentaba signos visibles de lesiones, incluyendo posibles fracturas, como resultado de su arresto en Caracas y solicitó atención médica durante su detención en Estados Unidos.
La audiencia, que se extendió alrededor de media hora y estuvo presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, se centró en cuestiones procesales iniciales y no incluyó la deliberación sobre el fondo de las acusaciones. El tribunal fijó una próxima fecha de audiencia para el 17 de marzo, en la que se prevé avanzar con aspectos técnicos del caso y responder a las solicitudes planteadas por las defensas de los acusados.
El antecedente judicial contra Maduro
El caso se inscribe en una causa penal que se remonta a 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Maduro, Flores y otros funcionarios venezolanos por su presunta participación en una red de tráfico de cocaína vinculada a grupos criminales internacionales bajo lo que las autoridades estadounidenses describieron como una conspiración de narcoterrorismo. La acusación federal incluye múltiples delitos que, de ser probados, podrían acarrear penas severas, incluidas décadas de prisión.
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