Un reciente informe de UNICEF reveló un dato preocupante sobre la realidad de muchas madres en Argentina: el 68% no recibe de manera regular la cuota alimentaria para sus hijos, y el 56% directamente no percibe ningún tipo de aporte económico por parte del progenitor que no convive con ellos. Este fenómeno, que combina desinterés, violencia económica y un sistema judicial ineficiente, afecta de manera directa a millones de hogares liderados por mujeres.
Las excusas más frecuentes de los padres deudores incluyen la mala relación con sus exparejas (61%) y la falta de trabajo o de ingresos estables (24%). Frases como “todavía no cobré” o “después te paso” se repiten como justificaciones, mientras las madres deben asumir solas los costos crecientes de crianza.
El problema no solo se limita al incumplimiento del pago. Según el informe, el 60% de los hombres que no abonan la cuota tampoco colabora en otros gastos esenciales, como salud o educación. Esto impacta de forma directa en la calidad de vida de los niños y profundiza la pobreza estructural: 7 de cada 10 hogares monomarentales son pobres y 3 de cada 10 se encuentran en situación de indigencia.
A nivel legal, la obligación alimentaria en Argentina se extiende hasta los 21 años, o hasta los 25 si el hijo estudia. Sin embargo, muchas madres desconocen sus derechos: el 45,9% no sabe a qué instancias recurrir ni qué puede reclamar legalmente. La falta de acceso a asesoramiento gratuito y los acuerdos «de palabra» en separaciones agravan aún más esta problemática.
Las especialistas consultadas advierten que esta forma de violencia económica no afecta solo a las mujeres, sino que también repercute en el desarrollo y bienestar de los hijos. Resolver esta situación exige, además de una respuesta judicial más ágil, políticas públicas que garanticen apoyo legal y económico para las madres que crían en soledad.
En medio de un contexto económico cada vez más complejo, la deuda alimentaria no es solo una cuestión de incumplimiento privado: se ha convertido en un problema social urgente que requiere acciones concretas para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.
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