La situación del sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una crisis profunda que afecta tanto a los prestadores de servicios como a las familias que dependen de ellos. En este contexto, los profesionales del Centro del Huerto, en Palpalá, se sumaron a las protestas nacionales con una jornada informativa dirigida a padres y tutores, mientras mantienen el cese de atención en tanto la clase política no interceda en un problema que lleva años en descuido.
Gisela Vera, una de las terapeutas del centro, explicó que “son muchas las irregularidades que estamos viviendo ya desde hace años”. Señaló como problemas principales la burocracia para dar altas a las terapias, las demoras en las autorizaciones por parte de las obras sociales y los pagos a los profesionales, que en algunos casos están atrasados hasta seis meses. “Incluso hay casos desde el año pasado que no se han cobrado”, agregó.
Además, Vera advirtió sobre el debate a nivel nacional de una posible Ley de Emergencia en Discapacidad, que buscaría suspender el nomenclador nacional, el cual regula los valores de las prestaciones. “Esto nos deja a los profesionales en total desamparo. Si se da de baja el nomenclador, las obras sociales podrían no reconocer nuestros servicios o pagar montos irrisorios”, expresó.
Por su parte, la psicóloga Ivana Cristaudo convocó a una marcha de antorchas a realizarse este jueves a las 19 horas en Plaza Belgrano, en consonancia con movilizaciones que se llevarán a cabo en todo el país. “Es una movilización pacífica, pero urgente. Necesitamos hacernos escuchar”, indicó.
Cristaudo remarcó que “la discapacidad está en emergencia” y que las consecuencias ya se sienten en la interrupción de tratamientos. “Si no tenemos un respaldo nacional, si no hay garantías mínimas, los tratamientos se suspenden. Y eso tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas que atendemos.”
La situación se replica en distintas provincias del país, donde el reclamo es unánime: garantías para el trabajo de los prestadores, pagos en tiempo y forma, y políticas públicas que prioricen la inclusión y el acceso a tratamientos para las personas con discapacidad.
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