La Ley Provincial N° 6468, sancionada el 28 de agosto en la Legislatura jujeña, continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial. Una exigencia del gobierno nacional para desregular los superdimensionados aparatos estatales, pero que a criterio de espacios políticos opositores, puede terminar replicando episodios dañinos para la actividad económica del interior, como ya ocurrió en Jujuy en los lejanos años del menemismo.
En rigor de verdad, la norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a transformar sociedades del Estado en sociedades anónimas, lo que habilita un eventual ingreso de capitales privados en empresas públicas consideradas estratégicas para la provincia.
En este contexto, la senadora nacional Carolina Moisés interpuso una acción de amparo precautorio con medida cautelar de no innovar ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo. El planteo busca suspender la aplicación de la norma al considerar que configura una “cesión ilegítima del patrimonio público” y una alteración sustancial del orden constitucional. El escrito fue acompañado por los abogados Arnaldo Lucio Plaza y Florencia Palavecino y plantea, entre otros puntos, la nulidad absoluta de la ley.
El debate se centra en compañías clave como Agua Potable de Jujuy, el renombrado Banco de Desarrollo, CANNAVA, GIRSU, JEMSE, Compañía de Seguros, entre otras. Para los sectores que impulsaron el recurso judicial, estas firmas son patrimonio de los jujeños y no deberían pasar a manos privadas sin un debate parlamentario puntual ni informes técnicos que lo justifiquen.
La discusión no es nueva. Desde el oficialismo, el diputado radical Adriano Morone había señalado al momento de la sanción que la modificación legislativa “no cambia nada de manera sustancial”, y que se trata de un mecanismo de modernización jurídica que no afecta el control estatal sobre las empresas. En la vereda opuesta, sectores de la oposición y sindicatos advierten que la ley abre la puerta a privatizaciones encubiertas que pondrían en riesgo la transparencia de los procesos y la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.
El escenario provincial se enmarca además en un contexto económico complejo, con la presión sobre las arcas públicas y la necesidad de generar inversiones en áreas sensibles como energía, agua y litio. Especialmente teniendo en cuenta que el financiamiento que llegaba desde Buenos Aires, tanto por coparticipación federal de impuestos como trasferencias no automáticas ha caído durante el último período.
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