El diputado provincial Adriano Morone instó a que se comience a aplicar de manera efectiva la Ley de intervención de búnkeres de acopio y venta de drogas, en el marco de la normativa provincial contra el narcomenudeo. El legislador recordó que la Ley 6.472, ya vigente en Jujuy, permite recuperar los inmuebles utilizados para el fraccionamiento, acopio, venta y distribución de estupefacientes y destinarlos posteriormente al servicio de la comunidad, remarcando la necesidad de que la Justicia avance en su implementación.
Una herramienta clave contra el narcomenudeo
Morone explicó que la norma fue aprobada el año pasado en la Legislatura como una incorporación a la ley de narcomenudeo, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Poder Judicial en la lucha contra la venta de drogas en los barrios. En ese sentido, recordó que la provincia tomó hace algunos años la decisión política de asumir la competencia en el combate contra el narcomenudeo, una tarea que anteriormente era de carácter exclusivamente federal.
A su vez, remarcó que la iniciativa busca intervenir directamente sobre los inmuebles utilizados como bocas de expendio, conocidos como búnkeres de droga.
Recuperar inmuebles y cortar la cadena delictiva
Según explicó Morone, uno de los principales problemas detectados es que, tras allanamientos o detenciones, la actividad delictiva suele continuar en el mismo lugar con otras personas, lo que dificulta cortar la cadena delictiva. “Veíamos que muchas veces hay un allanamiento, una detención, pero continúa en el mismo lugar otra persona, y es difícil así cortar con esa cadena delictual”, sostuvo.
El legislador indicó además que la ley ya se encuentra en plena vigencia y que la Justicia puede aplicarla. En ese marco, informó que mantuvo reuniones con el procurador general y con el titular del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Bossatti, para comenzar a coordinar acciones concretas.
Reclamos vecinales y decisión política
En este sentido, aclaró que estos planteos surgen a partir de reclamos reiterados de vecinos, incluso luego de hechos como la quema de uno de estos búnkeres, y agregó que la problemática aún persiste en distintos puntos de la provincia.
En ese contexto, consideró fundamental aplicar de manera efectiva una ley que ya está aprobada, como parte de la decisión del Gobierno provincial de luchar contra este flagelo.
Destino social de los espacios recuperados
Finalmente, Morone explicó que la normativa habilita distintos usos para los inmuebles intervenidos. “La ley deja abiertas varias posibilidades”, indicó, entre ellas la coordinación con centros vecinales, la utilización de los espacios con fines sociales, e incluso, en casos de problemáticas reiteradas y agravadas, el derribo de las construcciones si fuese necesario.
De esta manera, destaca la necesidad de que la Justicia avance en la aplicación de la Ley 6.472, para que los inmuebles vinculados al narcomenudeo dejen de ser focos delictivos y pasen a cumplir una función social en beneficio de la comunidad.
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