La interna justicialista está en llamas y la sede de Av. 19 de Abril N° 1165 ya no es suficiente para albergar tanta discordia entre compañeros. Con el peronismo hiper atomizado en Jujuy (cada vez más) el futuro inmediato de la conducción de su herramienta partidaria por excelencia: el Partido Justicialista, es totalmente incierto.
Desde Buenos Aires, las sanciones impuestas por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez solo acrecentaron las divisiones, instalando con fuerza la teoría de que los destinos pejotistas están digitados por un grupo con escasa visión federal e intereses cercanos a la agrupación La Cámpora, plenamente identificada con la ex diputada nacional por Jujuy Leila Chaher y el actual legislador nacional Guillermo Snopek. Aunque hasta el momento todo el asunto se cierne alrededor de pases de factura, chicanas y ofensas mediáticas, a la espera de que la justicia medie entre partes.
En ese contexto, fue la diputada provincial del bloque justicialista Verónica Valente, quien cuestionó ante los micrófonos de JujuyViral, la sanción aplicada a cerca de 300 afiliados del PJ Jujuy, entre los que se encuentra incluida, por haber participado como candidatos por fuera de la estructura partidaria en las elecciones legislativas a cargos nacionales del pasado octubre.
En ese marco, advirtió que la decisión adoptada por la intervención constituye un intento de “vaciamiento” y sostuvo que la medida afecta de manera directa la vida interna del partido y la participación política de numerosos militantes y dirigentes del interior provincial.
En sus declaraciones, apuntó contra La Cámpora, al que acusó de «cerrar el juego político y de haber impuesto una candidatura única, dejando fuera de competencia a otras mujeres con trayectoria militante». Coincidiendo con sus correligionarios, entiende que la sanción a quienes integraron el Frente Primero Jujuy Avanza no solo limita derechos partidarios, sino que también desvía la discusión del contexto social y económico que atraviesa el país y consideró que este escenario termina beneficiando políticamente al gobierno nacional de Javier Milei.
Las suspensiones impuestas reflejan una conducción que evita el debate de proyectos e ideas dentro del justicialismo
La controversia se profundizó este lunes con una conferencia de prensa encabezada por la senadora nacional Carolina Moisés (una de las grandes referentes locales sancionadas) junto a dirigentes y afiliados alcanzados por las resoluciones de la intervención partidaria. Anticipando las maniobras legales que pondrán en ejecución para defender «su derecho militante a que llevan más de veinticinco años sin poder elegir a las autoridades partidarias
Creo que lo que pasó la semana pasada es un acto de cobardía total y un mamarracho jurídico además de un error político
En paralelo, el ex convencional constituyente y referente del justicialismo local Carlos De Aparici, confirmó la presentación de un recurso revocatorio ante los propios interventores, solicitando que se deje sin efecto la suspensión preventiva, se mantenga el proceso electoral interno y se respete el cronograma ya establecido. Según explicó, las sanciones fueron dispuestas a pocos días de los comicios internos, pese a que las situaciones cuestionadas eran conocidas con anterioridad.
De Aparici también informó que se realizó una presentación ante la Justicia Federal, con competencia electoral, para que intervenga y garantice el funcionamiento institucional del Partido Justicialista y los derechos de sus afiliados. En ese planteo se solicitó una medida cautelar de carácter urgente, con el objetivo de evitar que los derechos políticos queden sin efecto por el paso del tiempo.
El dirigente sostuvo que distintos sectores del peronismo jujeño coinciden en que la intervención «se ha desnaturalizado», lejos de ordenar al partido profundizó la división interna y la parálisis institucional, en un contexto que mantiene abierto el conflicto y la incertidumbre sobre el futuro inmediato del histórico partido que no ha hecho más que perder representatividad en todas las esferas del Estado provincial desde hace al menos 10 años.
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