La Justicia argentina dio este martes un paso de fuerte impacto judicial y geopolítico al solicitar formalmente a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro, con el objetivo de indagarlo en el país por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, en el marco de una causa que se apoya en el principio de jurisdicción universal.
La resolución, firmada el 4 de febrero de 2026, se basa en información judicial que indica que el líder del régimen venezolano habría sido detenido y trasladado bajo custodia a territorio norteamericano. Ante ese escenario, los tribunales de Comodoro Py activaron los mecanismos de cooperación internacional para avanzar en su comparecencia ante la Justicia argentina.
El exhorto a Estados Unidos y el pedido de extradición
En su escrito, el magistrado ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, amparándose en el Tratado de Extradición bilateral vigente desde 1997. El objetivo central es que el dictador sea sometido a declaración indagatoria, paso clave para definir su situación procesal.
El llamado a indagatoria había sido ordenado originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024 y ratificado el 15 de enero de 2026, lo que le dio nuevo impulso al expediente. Para evitar demoras, el juez dispuso la traducción urgente de toda la documentación y su canalización a través de la Cancillería argentina, encargada de gestionar la diplomacia judicial.
Justicia universal y acusaciones por crímenes de lesa humanidad
La causa, identificada como CFP 2001/2023, se sustenta en el principio de justicia universal, que habilita a los Estados a juzgar crímenes de lesa humanidad —como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política— cuando no existen garantías judiciales en el país donde fueron cometidos.
Según la Justicia argentina, en Venezuela no hay independencia judicial, lo que asegura la impunidad del régimen. El expediente se inició a partir de denuncias presentadas por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y la Fundación Internacional para la Libertad, junto con testimonios de víctimas directas del chavismo que lograron refugiarse en la Argentina.
Alertas rojas y medidas adicionales
En la resolución, el juez Ramos también ordenó notificar a Interpol y ratificó la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, como Diosdado Cabello. Además, puso en conocimiento al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas.
El magistrado también rechazó presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales, concentrando el trámite exclusivamente en el pedido de extradición del dictador venezolano.
Fuente: infobae
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