El Ejecutivo nacional da por hecho que este viernes obtendrá la media sanción de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y ya trabaja en su reglamentación para que la normativa quede operativa en los primeros días de marzo. La intención oficial es publicar el decreto reglamentario en la primera semana del mes próximo, con definiciones que reduzcan los márgenes de interpretación y la litigiosidad. Desde sectores sindicales adelantaron que recurrirán a la Justicia para frenar la medida.
Blindaje técnico ante la judicialización
En la Casa Rosada reconocen que la judicialización será “inevitable” una vez que la ley entre en vigencia. Por eso, equipos técnicos y jurídicos revisan el texto con el objetivo de “blindar” su implementación frente a amparos y planteos de inconstitucionalidad. La reglamentación buscará ordenar la aplicación de artículos sensibles, especialmente los vinculados a la transición, vigencia y alcance de la reforma.
El oficialismo sostiene que la “letra fina” del decreto será clave para acotar conflictos en los primeros casos testigo. Además, aseguran que ya cuentan con una estrategia judicial y descuentan que la disputa podría terminar en la Corte Suprema, donde confían en obtener un fallo favorable.
Cambios en el fuero laboral y traspaso a CABA
En paralelo, el Gobierno respalda su estrategia en el rediseño del mapa judicial laboral, incorporado al debate de la reforma. “Por eso disolvimos el fuero”, señalan desde el oficialismo en referencia al esquema de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
Ese proceso tuvo avances con el decreto 95/2026, que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de traspaso. El proyecto contempla además la “vigencia transitoria” de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete la transferencia y luego su “progresiva disolución”. El Ejecutivo considera que esta arquitectura reduce la incidencia del fuero laboral nacional en los primeros planteos contra la reforma, aunque reconoce que el traspaso no es automático y requiere pasos institucionales.
El frente sindical anticipa demandas
Distintos espacios gremiales, entre ellos la Confederación General del Trabajo, ya adelantaron que impulsarán acciones judiciales contra la reforma. Los cuestionamientos se centran en la presunta afectación de principios constitucionales como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos.
Mientras el Senado se encamina a ratificar la norma, en Balcarce 50 sostienen que la obligación de adecuar fallos a la jurisprudencia de la Corte Suprema ayudará a limitar medidas cautelares y unificar criterios. “Creemos que tenemos condiciones para ganar la disputa judicial”, expresan en el oficialismo, convencidos de que el debate continuará en los tribunales.
Fuente: TN
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