La Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura provincial recibió al titular del distrito Jujuy de Vialidad Nacional con el objetivo de evaluar las obras en territorio local y los alcances de los convenios vigentes. El diputado provincial Diego Rotela (Frente Jujuy Crece) reveló que el funcionario nacional dio por confirmada la futura implementación de tres estaciones de peaje en la provincia, las cuales ya se encuentran integradas en un proceso de licitación pública.
De acuerdo con lo expuesto por Rotela, el esquema de cobro proyectado alcanzará a la totalidad de los vehículos que transiten por los corredores seleccionados y no se limitará únicamente al transporte de carga pesada. Las tres trazas nacionales identificadas para la instalación de los puestos de control y recaudación son las siguientes:
- Ruta Nacional 34: La estación de peaje quedará establecida en el trayecto comprendido entre las localidades de Pampa Blanca y San Pedro.
- Ruta Nacional 9: El puesto se ubicará en el tramo que conecta San Salvador de Jujuy con La Quiaca, aunque el punto geográfico exacto todavía no fue definido por las autoridades técnicas.
- Ruta Nacional 52: El punto de cobro operará en el trayecto que une Purmamarca con el Paso de Jama, restando precisar la localidad específica de emplazamiento.
El legislador provincial manifestó su preocupación ante los primeros datos económicos ventilados en la reunión legislativa. «Habló muy livianamente de que en la ruta 52 el costo aproximadamente sería de 20.000 pesos», señaló Rotela. Ante este panorama, el bloque de diputados solicitó de manera formal el acceso a los pliegos de bases y condiciones de la licitación, requerimiento ante el cual el funcionario nacional reconoció no disponer de la documentación en ese momento, comprometiéndose a remitirla a la comisión parlamentaria a la brevedad.
Cuestionamientos a la viabilidad y al diagnóstico de la red vial
Uno de los principales ejes de debate giró en torno a la sostenibilidad financiera del modelo de privatización por peaje en el contexto del norte argentino. Rotela argumentó que, aun delegando la administración en una firma particular, los corredores viales resultan inviables si no cuentan con una contraparte de inversión pública directa. Para fundamentar su postura, el diputado citó los ejemplos de los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —como la Autopista Panamericana o la Avenida General Paz—, donde el mantenimiento estructural se sostiene mediante un esquema mixto que combina la tarifa del usuario con el aporte presupuestario del Estado nacional.
Por otra parte, el encuentro evidenció marcadas discrepancias respecto al diagnóstico sobre el estado actual de las calzadas. El legislador oficialista rechazó la afirmación del titular de Vialidad Nacional, quien sostuvo ante la comisión que las rutas federales en Jujuy no se encuentran en mal estado.
Al respecto, el legislador oficialista instó al funcionario a recorrer personalmente tramos críticos como la Ruta 52, el segmento de la Ruta 9 desde Abra Pampa hasta La Quiaca, y la Ruta 34. Sobre esta última, aclaró que las únicas obras de optimización vial activas en el ingreso a la provincia desde el sector de Yuto están siendo ejecutadas y financiadas con recursos económicos correspondientes a las arcas del Estado provincial.
Finalmente consideró necesario diferenciar este proyecto de privatización respecto al reciente convenio suscripto entre la provincia y el Gobierno nacional por la Ruta Nacional 40. Detalló que ese acuerdo en particular se limita de forma exclusiva a transferir la operatividad vial a la provincia sobre los tramos que no están pavimentados, mediante el envío de partidas nacionales destinadas estrictamente a tareas de conservación básica, tales como el perfilado de suelo y el paso de maquinaria pesada.
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