El Gobierno nacional y las universidades públicas avanzaron en una propuesta de recomposición salarial del 24%, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a diferencias en torno a una demanda judicial que se encuentra a la espera de una definición de la Corte Suprema.
Propuesta de aumento y mejoras presupuestarias
El encuentro se realizó esta semana entre funcionarios de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el objetivo de buscar una salida al conflicto presupuestario que motivó recientes reclamos del sector universitario.
La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3%, destinada a compensar pérdidas acumuladas entre 2024 y mayo de 2026. El incremento se abonaría en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en octubre. Además, se planteó la creación de una comisión técnica para analizar aspectos pendientes de 2024 y la realización de negociaciones paritarias cada tres meses.
El ofrecimiento también incluyó un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
El reclamo judicial, principal obstáculo
Pese a que desde el ámbito universitario consideraron que la propuesta era razonable, las conversaciones se estancaron cuando el Gobierno condicionó el acuerdo al retiro de la demanda judicial presentada por las universidades para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esa norma establece actualizaciones vinculadas a la inflación para salarios y becas, con un impacto estimado en alrededor de 2,5 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo considera incompatible con su objetivo de mantener el superávit fiscal.
Posturas enfrentadas
Los rectores rechazaron la posibilidad de desistir de la acción judicial y sostuvieron que se trata de una herramienta de resguardo para garantizar el financiamiento del sistema universitario. También señalaron que la existencia de una propuesta económica demuestra que hay margen para alcanzar una solución negociada.
Por su parte, desde el Gobierno cuestionaron la decisión de mantener el reclamo en la Justicia y consideraron que esa postura dificulta la posibilidad de cerrar un acuerdo. Mientras ambas partes mantienen abiertas las conversaciones, el conflicto continúa sin resolución y la definición judicial permanece en manos de la Corte Suprema.
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