Comienzo de semana cargado de anuncios, contrapuntos paritarios (seguro traerá controversias) y resoluciones comunicadas desde Casa de Gobierno, por ejemplo las resoluciones de la SUSEPU, donde se dictaminó que la empresa distribuidora de energía EJESA deberá devolver más de mil millones de pesos a usuarios afectados por fallas en el servicio por los problemas del servicio que fueron de público conocimiento. En paralelo, desde el Ejecutivo provincial marcaron la cancha en paritarias provinciales comparando la gestión local con la ola de despidos nacionales y confirmaron el inicio de obras clave en la Ruta Nacional 9 a la altura de Los Alisos para el mes de octubre.
Las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico en la provincia finalmente tendrán un impacto directo en el bolsillo de los usuarios perjudicados. Tras la emisión de la resolución 269 de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) se ratificó una sanción firme de 1.011 millones de pesos a la empresa EJESA debido a las continuas interrupciones del suministro registradas durante el primer semestre de 2023. La medida no quedará en un expediente administrativo: la distribuidora energética deberá acreditar la devolución del dinero directamente en las próximas facturas de luz de la gente afectada.
Desde la vocería a cargo del contador Alberto Siufi explicaron a los medios presentes, entre ellos JujuyViral, que la mecánica del cálculo «contempla el acumulado de cortes desglosados a valores actualizados». A la par, avanza la determinación técnica por el masivo apagón registrado el 7 de mayo, cuya estimación de multa rondará cifras similares. Por otro lado, quienes realizaron trámites específicos por la pérdida de alimentos o rotura de electrodomésticos ya recibieron la compensación correspondiente en sus boletas.
A la gente que sufrió esto se le reintegra este valor en las propias facturas. Quienes acreditaron haber perdido mercadería o un artefacto quemado lograron respuesta favorable y ya se les devolvió la plata
Cruces políticos y el panorama salarial en la provincia
En el plano de las negociaciones con los gremios estatales, la postura oficial se mantuvo en sostener el aumento salarial acorde a la inflación (que en la última medición de Indec para agosto fue de 1,7%) argumentando que responde tanto al índice inflacionario como a las posibilidades financieras reales del erario jujeño. Ante las críticas de sectores vinculados a La Libertad Avanza, la respuesta gubernamental dejó al descubierto las contradicciones entre los reclamos locales y las políticas aplicadas desde la Casa Rosada.
La Libertad Avanza exige en la provincia lo que no hace en la Nación. En julio se echaron a más de 4.600 personas a la calle. Acá no hemos echado a nadie y mantenemos los puestos laborales mientras los organismos nacionales tienen los sueldos atrasados
La mesa de diálogo con las entidades sindicales continuará abierta en un proceso dinámico de concertación, comprendiendo que el reclamo de los trabajadores forma parte del curso habitual de la negociación.
Retención de fondos nacionales y obras que arrancan
La preocupación por el financiamiento público no solo se limita a la coparticipación —que actualmente ingresa por debajo de la inflación—, sino al severo impacto provocado por la interrupción de transferencias nacionales. Entre los puntos más delicados se encuentra la falta de distribución de los recursos del impuesto a los combustibles, una caja millonaria retenida por el Gobierno central. A esto se suma el cese en el envío de partidas de salud para pacientes dializados y la falta de provisión de vacunas antirrábicas.
A pesar del complejo marco de ajuste federal, la provincia garantizó el avance de infraestructura vial estratégica. Mediante una línea de crédito preferencial del organismo internacional FONPLATA —regulada a nivel nacional y con 5 años de gracia—, se confirmó que durante el mes de octubre comenzarán los trabajos sobre la Ruta Nacional 9 a la altura de Los Alisos. La obra, surgida de un proyecto de iniciativa privada, estará a cargo de la contratista JUMI SRL para optimizar el tránsito y la conectividad metropolitana.
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