En medio del malestar generalizado por la persistencia de los cortes de energía —con domicilios en la capital jujeña que acumulan más de 72 horas sin servicio tras las ráfagas de viento Zonda del último sábado—, el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, brindó precisiones sobre el esquema de sanciones económicas y compensaciones que deberá afrontar la empresa prestataria EJESA.
Durante el contacto con la prensa posterior a su habitual conferencia de los lunes, el vocero oficial profundizó en el dictamen elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU). Según explicó, el resarcimiento global de 1.014 millones de pesos no se dividirá de forma lineal entre los 120.000 afectados, sino que responderá a un cálculo individual y proporcional al perjuicio sufrido por cada hogar.
«Se mide cuál es el consumo promedio que tiene el usuario, sobre esto se calcula el valor de la hora, se multiplica por tres y ese es el valor que tienen que indemnizar según la cantidad de horas sin luz», precisó Siufi a modo de ejemplo, aclarando que el crédito a favor del cliente deberá verse reflejado obligatoriamente en una sola factura.
En paralelo, el funcionario se refirió a una segunda retención por multas que aplica el Estado provincial sobre los pagos mensuales que realiza a la distribuidora. Estos fondos también regresan al sistema como compensación, pero al dividirse entre la totalidad de los usuarios de la provincia, el impacto directo en la boleta resulta exiguo. «De repente parece insignificante, te aparece un crédito de 37 pesos y no te das cuenta, pero para la empresa es un impacto», argumentó.
El debate por la continuidad del servicio también formó parte de las declaraciones del secretario, quien fue consultado sobre el proyecto legislativo impulsado por la diputada Alejandra Mollón (LyDER) para llamar a una nueva licitación internacional. Al respecto, Siufi aclaró que el contrato de concesión original, firmado a fines de la década del 90, tiene una extensión de 55 años, por lo que actualmente transita la mitad de su vigencia.
No obstante, el vocero gubernamental reconoció la validez técnica del planteo legislativo al admitir que el marco regulatorio contempla ventanas de revisión. «Existe la posibilidad de este llamado que hay que hacer cada 10 años y que está pendiente; tiene razonabilidad lo que plantea la diputada, es lógico», afirmó. En ese escenario eventual, Siufi detalló que si se abre una compulsa por deficiencias en el servicio y se presenta un nuevo oferente, el actual prestatario mantendría la prioridad de conservar la concesión si logra equiparar la oferta.
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