La controversia por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo. Las autoridades de las Islas Malvinas, bajo administración británica, anunciaron la extensión por cinco años de las licencias de producción petrolera offshore vigentes, con la posibilidad de agregar otros dos años. La medida cuenta con el respaldo del Gobierno del Reino Unido y se conoce mientras Argentina intensifica sus acciones judiciales y administrativas contra el proyecto Sea Lion.
Aunque el anuncio no detalló públicamente todas las empresas alcanzadas, el foco está puesto sobre Sea Lion, el desarrollo operado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. El proyecto ya recibió la decisión final de inversión y sus responsables proyectan comenzar la producción de petróleo en marzo de 2028. Navitas posee una participación del 65% y Rockhopper, del 35%.
La Justicia argentina ordenó frenar el proyecto
El anuncio se produjo pocos días después de que la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictara una medida cautelar contra Rockhopper y Navitas, ordenándoles abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras vinculadas con Sea Lion. La resolución surgió de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y se apoyó, entre otros argumentos, en cuestiones ambientales y de soberanía.
Paralelamente, el Gobierno argentino inició durante septiembre procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó denuncias contra compañías relacionadas con el proyecto. Además, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones por explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Londres y Buenos Aires mantienen posiciones contrapuestas
El Reino Unido sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar y explotar sus recursos naturales y calificó como injustificadas las medidas argentinas contra las empresas involucradas. La posición argentina es diferente: considera que cualquier exploración o explotación de hidrocarburos en esas áreas realizada sin su autorización vulnera sus derechos soberanos.
La controversia se produce además mientras el presidente Javier Milei participa de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el reclamo argentino por Malvinas formará parte de su discurso. En el ámbito de la ONU, la Resolución 2065 y pronunciamientos posteriores reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y han instado a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
Fuente: La Nación
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Evelyn
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