La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, aunque novedosa, ya ha marcado un punto de inflexión en el abordaje de los delitos cometidos por menores, al establecer la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. En la provincia de Jujuy, esta medida no solo redefine la franja etaria sujeta a procesos penales especiales, sino que impone el desafío de articular la normativa de fondo sancionada por la Nación con los procedimientos propios que ya regían en la jurisdicción provincial.
En declaraciones brindadas a JujuyViral, la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos, advirtió que la provincia contaba previamente con una ley de procedimiento juvenil y de protección integral de niños, niñas y adolescentes. No obstante, al contener la nueva norma nacional disposiciones de índole procesal —materia reservada constitucionalmente a los estados provinciales—, surgieron solapamientos jurídicos que requerirán un trabajo coordinado entre el Poder Judicial y distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial.
Esta ley que se sancionó toma mucho de procedimiento, por lo cual se inmiscuye en jurisdicciones que son propias de las provincias. Se da esa contradicción en cuanto a nuestra ley procesal y lo que se debe hacer ahora es un trabajo de articulación con los distintos estamentos que tienen que intervenir
El impacto en el ámbito escolar
Uno de los aspectos más sensibles del nuevo esquema radica en el alcance de la tipificación penal. Al no existir restricciones sobre la gama de delitos aplicables a partir de los 14 años, situaciones cotidianas como el acoso escolar, amenazas o hechos de violencia dentro de las instituciones educativas pasarán a ser pasibles de persecución penal.
Ante este escenario, la titular de la defensa pública remarcó la importancia de encarar una campaña profunda de concientización y prevención antes de que el sistema judicial deba intervenir punitivamente: «Hay que explicarles a los chicos que conductas que a veces estaban naturalizadas dentro del ámbito escolar hoy constituyen acciones tipificadas en el Código Penal. Por eso consideramos fundamental trabajar mucho en la prevención y en la justicia restaurativa como mecanismo de resolución entre la víctima y el ofensor».
El abordaje integral de esta problemática exigirá que los gabinetes interdisciplarios, la comunidad educativa y los organismos de protección de derechos coordinen herramientas para informar a los adolescentes sobre las responsabilidades legales de sus actos, priorizando la reparación del daño y la readecuación de conductas por sobre el mero castigo.
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Debbra
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