La situación económica de los jubilados argentinos atraviesa un momento crítico. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica para un adulto mayor alcanzó en abril de 2025 un valor de $1.200.245. Este cálculo contempla gastos en alimentos, medicamentos, vivienda, servicios, transporte y esparcimiento y representa el umbral que permitiría a una pareja de adultos mayores cubrir sus necesidades básicas sin caer en la pobreza.
En contraste con esta cifra, la jubilación mínima en la Argentina que se paga según calendario de ANSES por estos días, alcanza los $527.132,62 incluyendo el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $152.437,54 por tanto es una situación excepcional que solo se podrá repetir en diciembre de no existir cambios en el Senado. No obstante desde el Ejecutivo amenazaron con un veto a:
cualquier ley que no especifique el lugar de origen de los fondos y atente contra el equilibrio fiscal
De este modo, una dupla de jubilados de la mínima, que no pertenece a la PUAM (su situación es mucho peor aún) tendrá durante el sexto mes del año fondos para cubrir el 43,91% de la canasta que le corresponde, un hecho de verdadera supervivencia.
El caso particular de Jujuy
En la provincia de Jujuy, la situación es especialmente preocupante. Según registros provistos en informes anteriores por la ex titular de la Oficina de Independencia de la ANSES en Jujuy, Noemí Isasmendi, más de 75.000 jubilados perciben haberes mínimos. Esta cifra representa una proporción significativa del total de jubilados y pensionados del distrito, estimado en alrededor de 130.000 personas.
Este diagnóstico económico surge en medio del debate legislativo en el Congreso de la Nación sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el posible restablecimiento del régimen de moratoria previsional, que permitía a quienes no tienen los 30 años de aportes requeridos acceder a una jubilación.
En tanto se define el futuro del sistema previsional argentino, las estadísticas revelan que millones de adultos mayores —y particularmente en provincias con altos índices de informalidad laboral como Jujuy— viven por debajo de los parámetros de dignidad económica mínima.
Dentro del espectro de Población Económicamente Activa (PEA) la gran mayoría de los jujeños no forma parte del sistema formal, duplicando cómodamente al sector privado que emplea cerca de 70.000 trabajadores e incluso por encima del superdimensionado Estado que no baja de los 100.000. Cifras que no desentonan con el promedio nacional que en el 4to cuatrimestre de 2024 llegaban al 42% de informalidad laboral.
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