Independientemente de la medida que suspendió temporalmente el cierre de Vialidad, adoptada desde el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, el futuro de los 5.100 empleados que tiene la repartición continúa siendo quizás la incógnita del Estado más importante de la actualidad.
La reciente decisión del Ejecutivo Nacional de avanzar con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad encendió las alarmas en varias provincias, entre ellas Jujuy, donde el organismo cumple un rol clave en el mantenimiento de rutas fundamentales para la conectividad, el transporte de cargas y el desarrollo económico, por supuesto que esto también influye en el proyecto corredor bioceánico.
Tanto trabajadores del sector como autoridades locales manifestaron su preocupación por el futuro de los más de 800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio jujeño, así como por la situación laboral de más de un centenar de familias.
En diálogo con nuestro medio, Lucio Mamaní, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Viales, explicó que la función de Vialidad Nacional va mucho más allá del simple mantenimiento de rutas. “No se trata solo de tapar baches o cortar el pasto. Vialidad tiene que desarrollar proyectos en conjunto con el Estado provincial para fomentar la economía. Su desaparición dejaría al sistema caminero como una silla con tres patas”, graficó.
Actualmente, unos 60 a 70 operarios se encargan del mantenimiento de aproximadamente 900 km de rutas nacionales en Jujuy, muchas de ellas de alta complejidad por su ubicación geográfica o por los efectos del clima. Sin embargo, según Mamaní, las tareas se realizan con recursos limitados:
Nos manejamos con un presupuesto viejo, del 2023. Seguimos trabajando con lo poco que tenemos, pero es muy difícil
Mamaní también alertó sobre las consecuencias inmediatas que podría traer el vaciamiento o cierre del organismo: la instalación de peajes en tramos clave como Yala-Perico o la Ruta Nacional 34, de alto tránsito comercial. “Esas rutas podrían ser fácilmente concesionadas. Pero ¿qué pasa con los tramos que no son rentables para las empresas? ¿Quién se encargará de la Ruta 40, la 52 o la 9 hasta La Quiaca?”, cuestionó.
Apoyo del Gobierno Provincial y advertencias
En raras ocasiones hay semejante nivel de coincidencia entre partes, en este caso sindicalistas y funcionarios del gobierno provincial, pero la posible desaparición de la DNV lo ha hecho posible según manifestó, con preocupación, el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, quien consideró que la medida nacional podría tener un fuerte impacto en la provincia, especialmente por las más de 120 familias que quedarían sin fuente de trabajo directa o indirectamente vinculadas a Vialidad.
“Nos preocupa todo lo que implique cerrar organismos históricos. Estamos viendo cómo reemplazar esas funciones, pero no es simple”, expresó el funcionario. Si bien destacó que la provincia está ejecutando un plan de arreglo de rutas locales, reconoció que la red nacional depende en gran medida de Vialidad Nacional y que su desaparición podría dar lugar a un modelo de privatización a través de peajes, como ocurre en provincias como Córdoba.
“Es una realidad que ya se está evaluando instalar peajes en la Ruta 34, por donde pasan camiones de Brasil, Bolivia y Paraguay. Pero también tenemos rutas poco transitadas que no serían rentables, y ahí es donde se genera el mayor riesgo de abandono”, agregó Álvarez García.
El ministro también mencionó la importancia del Corredor Bioceánico, un proyecto en el que participan Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, y que contempla el paso por Jujuy como punto estratégico. “Nos tenemos que preparar para ese corredor, pero sin una Vialidad Nacional funcionando, va a ser muy difícil”, remarcó.
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