El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, suspendió por seis meses el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida fue dictada en el marco de una presentación judicial realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que cuestionó la constitucionalidad del cierre.
El fallo impide al Gobierno ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, entre ellos, traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones o la eliminación de estructuras ligadas al organismo. La jueza justificó su decisión señalando que se encuentran reunidas las condiciones necesarias para dictar una medida cautelar de no innovar, con el objetivo de evitar “perjuicios irreparables” hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Argumentos jurídicos de la jueza
La resolución judicial remarca que la Dirección Nacional de Vialidad es una entidad autárquica de derecho público, con facultades para actuar de manera privada y pública según el decreto ley 505/1958. En ese sentido, la jueza recordó que el personal del organismo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que no puede ser reubicado o despedido fuera de los marcos legales vigentes.
También citó como fundamento los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que poseen jerarquía constitucional en la Argentina —específicamente los N.º 87, 98 y 151—, los cuales impiden al Estado modificar de forma unilateral condiciones laborales establecidas mediante convenios colectivos.
Según Forns, el decreto presidencial “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad”, además de afectar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de los convenios vigentes.
Qué pasará con las funciones de Vialidad
Con la aplicación del decreto —ahora suspendido—, la gestión de las rutas y caminos nacionales pasaría a estar bajo control directo del Ministerio de Economía, mediante dos nuevas unidades: una en el ámbito de la Secretaría de Transporte y otra en la de Obras Públicas. También estaba prevista la creación de una nueva agencia que asumiría parte de las tareas técnicas.
El sindicato SEVINA denunció que el Gobierno no tenía facultades delegadas para cerrar un organismo como Vialidad, y que esa decisión vulneraba principios constitucionales. Ahora, con la cautelar vigente, el Ejecutivo no podrá avanzar en los cambios estructurales previstos hasta que la Justicia se expida de manera definitiva.
Fuente: TN
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