El deambular de los ex Altos Hornos Zapla y sus familias ha sido literalmente una montaña rusa, de la ilusión por una resolución que parecía allanar el camino de la Propiedad Participada a una liquidación que practicamente no costea los gastos administrativos asumidos durante tantos años de lucha.
En un contexto de tirantez política, donde los referentes libertarios en la provincia celebraron el futuro pago en bonos, mientras que los detractores de otras fuerzas los acusan de aprovechamiento político, la figura del ex intendente palpaleño y actual secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales provincial, Pablo Palomares, ha vuelto a resurgir con reuniones en la ciudad frente a frente.
Con esa premisa, el pasado jueves mantuvo encuentros con extrabajadores y derechohabientes de la extinta empresa siderúrgica donde explicó el estado actual de la Ley N.º 26.700, normativa sancionada en 2011 para resarcir a quienes no fueron incluidos en el Programa de Propiedad Participada (PPP) tras la privatización de los 90´s. Durante estos espacios de diálogo, Palomares alertó sobre una aparente falta de información transparente y expresó la necesidad de impulsar cambios en la fórmula de cálculo y las condiciones de pago.
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Según Palomares, la liquidación que realizó el Estado nacional se basó en valores nominales de 2010. “La autoridad de aplicación —el Ministerio de Economía— propone montos entre $10.000 y $20.000”, afirmó. En contraste, recordó que en casos anteriores, como SOMISA o YPF, los beneficiarios llegaron a percibir sumas de un valor exponencialmente más grande.
Esos montos irrisorios no cubren gastos sucesorios y representan una estafa histórica
Palomares explicó que la Ley 26.700 establece pautas de cálculo del resarcimiento en base a la cantidad de acciones que cada ex trabajador debería haber recibido y su valoración a julio de 2010 (aproximadamente $17,63 por acción) a la cual se suman intereses y una bonificación por antigüedad.
Durante las reuniones con los ex trabajadores, Palomares señaló dos caminos posibles para corregir la situación:
- La vía ejecutiva, en la que el Poder Ejecutivo nacional podría actualizar los montos de los bonos que vencerán en 2026 y 2029 dándole un valor agregado más equitativo.
- La vía legislativa, a través de modificaciones normativas o una fórmula polinómica que contemple el valor real actualizado de la deuda.
Las reuniones se están organizando en grupos reducidos en distintos puntos de la ciudad para garantizar el entendimiento del funcionamiento de la ley y tramitar firmas de adhesión para solicitar las reformas mencionadas. “Queremos transparentar toda esta situación y que el vecino entienda bien en qué estado está la ley”, sostuvo Palomares.
Desde 2024, se aprobó el Decreto 1006/2024, que reglamenta la aplicación de la Ley 26.700 y delega al Ministerio de Economía la facultad de realizar las liquidaciones correspondientes. A principios de mayo de 2025 el gobierno nacional ya había aprobado la nómina de beneficiarios (alrededor de 3.450 ex empleados) pero al momento de ver las planillas de liquidación hubo una profunda decepción generalizada.
Palomares señaló que en la resolución se consignan montos que van entre $200.000 y $300.000 en los mejores casos. “No podemos permitir que se cobren montos que ni siquiera cubren los costos sucesorios”, afirmó el funcionario citando los ejemplos de otras empresas estatizadas donde en caso de aplicarse los mismos criterios a los ex Zapla, el montó per cápita debería llegar a $30.000.000 aunque aclarando que la suma resultaría imposible de abonar por el Estado, debiendo conciliar una suma que convenza a ambas partes.
La Libertad Avanza tiene un mismo relato respecto al tema de Zapla y es un relato que va hacia la estafa de la gente
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