El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 resolvió unificar en una pena única de 15 años de prisión las condenas firmes que pesaban sobre el empresario Lázaro Báez, por su participación en dos causas emblemáticas de corrupción: lavado de dinero en la “Ruta del Dinero K” y fraude en la obra pública en la causa “Vialidad”, donde fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La resolución también confirmó una multa económica de 329 millones de dólares.
La decisión fue tomada por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero, quienes consideraron que, aunque las conductas delictivas eran diferentes, los hechos habían ocurrido antes de que existiera una sentencia firme, lo que habilitaba la unificación. La audiencia contó con la presencia del propio Báez, su defensa, el fiscal del juicio y un representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante.
Durante la audiencia, la UIF solicitó una pena de 16 años de prisión, argumentando que se trataban de hechos distintos y sin superposición, mientras que la fiscalía pidió 15 años y una multa equivalente a seis veces el dinero lavado. En contrapartida, la defensa de Báez pidió que la pena no superara los 6 años, alegando que algunos fondos cuestionados ya habían sido considerados en la otra causa y que se estaban aplicando normas reformadas con posterioridad.
El tribunal desestimó estos planteos y valoró la gravedad de las maniobras delictivas, incluyendo la utilización de sociedades offshore en paraísos fiscales como Teegan Inc., Helvetic Services Group y otras, que permitieron disimular el origen ilícito de casi 55 millones de dólares. También subrayó el “daño económico al Estado por más de 84 mil millones de pesos” generado en la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz durante más de una década.
Además, los jueces remarcaron el “rol superlativo” que ocupó Báez en el entramado delictivo, su posición socioeconómica privilegiada y la ausencia de condiciones personales que afectaran su comprensión de la ilegalidad de los hechos. Como atenuantes, solo se consideraron la falta de antecedentes y sus vínculos familiares. Báez, detenido desde 2016, continúa cumpliendo su condena en el penal de Río Gallegos. La defensa aún puede impugnar el cálculo de la pena unificada ante la Cámara Federal de Casación.
Fuente: Infobae
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