El Juzgado Federal N° 9, a cargo de Julián Ercolini, resolvió procesar con prisión preventiva e imponer embargos por 5 millones de pesos a cada uno de los cuatro reclusos del Establecimiento Penitenciario N° 7 de la capital jujeña. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
La investigación judicial determinó que la banda operaba al menos desde finales de 2024 hasta fines de 2025 desde el penal ubicado en el barrio Alto Comedero. Para llevar a cabo los fraudes, utilizaban teléfonos celulares, tarjetas SIM y múltiples billeteras digitales.
La maniobra: suplantación de la máxima autoridad judicial
El mecanismo principal del engaño se basaba en la usurpación de identidad. Los delincuentes utilizaban la imagen, nombre y cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. En sus perfiles de mensajería exhibían fotos oficiales de la institución para dar credibilidad al ardid.
Bajo esa falsa representación, contactaban a dependencias policiales y de las fuerzas de seguridad para exigir datos personales y fichas administrativas de personas detenidas. Una vez obtenida la información, se comunicaban con los familiares de los internos para exigir cobros bajo la promesa de tramitar libertades condicionales o fianzas judiciales.
Exigían dinero a allegados de los internos a cambio de falsas gestiones de fianza o liberación procesal
Además de las extorsiones a familiares de presos, la organización diversificaba sus maniobras simulando ser representantes de empresas privadas. Notificaban a las víctimas sobre falsos premios de vehículos o insumos de alta gama, solicitando transferencias previas para cubrir presuntos gastos administrativos.
Un llamado a la Policía Federal que destapó el entramado
La causa penal se inició a fines de noviembre de 2024 a partir de un llamado receptado en el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA. Durante la comunicación, un interlocutor se presentó falsamente como la máxima autoridad judicial del país para requerir listados de presidiarios bajo la excusa de un relevamiento de derechos humanos.
Las tareas de inteligencia y el rastreo epidemiológico de las celdas de red permitieron ubicar el origen de la llamada en las inmediaciones del penal jujeño. Durante las requisas en los pabellones de Alto Comedero, se secuestraron dispositivos móviles, anotaciones con alias bancarios, CBU y registros detallados de las víctimas afectadas.
Entre los damnificados figura un ciudadano que realizó una transferencia de $450.000 al alias «poderjudicial.mp» creyendo gestionar la fianza de un familiar, mientras que otra de las víctimas estimó un perjuicio económico que ronda entre los 9 y 10 millones de pesos tras ser engañada con el falso premio de servicios tecnológicos. La medida fue notificada a las partes judiciales y al Juzgado de Ejecución de la Pena de Jujuy para el seguimiento correspondiente de las medidas cautelares.
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