La Cámara de Diputados otorgó este jueves media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo. La iniciativa fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra y ahora será girada al Senado para su tratamiento.
Desde la Casa Rosada señalaron que “la Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”, en alusión a la legislación vigente desde 1982. El debate se dio en un contexto político marcado por el reciente avance de la Reforma Laboral y otras iniciativas promovidas por el oficialismo en el Congreso.
Presencia de víctimas y fuerte respaldo en el recinto
La sesión contó con la presencia de Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en Santo Tomé, Santa Fe. Acompañada por familiares y otras víctimas de delitos, siguió el debate desde el Congreso y calificó la jornada como “un día histórico”.
“Es increíble que se sigan acumulando víctimas”, expresó, y cuestionó que la normativa actual “solamente le da garantías a los asesinos”. Si bien aclaró que la norma no tendrá efecto retroactivo y no alcanzará a los responsables del crimen de su hijo, sostuvo que el proyecto pone el foco en las víctimas y ya lo denomina “Ley Jeremías”.
Los puntos centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil
El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, quien afirmó que se trata de “un trabajo serio, sostenido y responsable” y no de una respuesta improvisada.
El régimen se organiza en once capítulos y se basa en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad y resocialización. La prisión será el último recurso, con un máximo de 15 años para casos de extrema gravedad, y deberá cumplirse en establecimientos especializados y separados de adultos. Además, se incorpora de manera expresa a las víctimas como sujetos de derecho, garantizando su participación, patrocinio jurídico y asistencia psicológica.
Entre las sanciones previstas se contemplan amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir y monitoreo electrónico, dejando la reclusión para delitos con muerte o grave violencia física o psíquica.
Fuente: TN
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