El Congreso de la Nación inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Durante este tiempo, los legisladores solo podrán debatir los proyectos incluidos por el Ejecutivo, en una agenda marcada por fuertes negociaciones políticas, tensiones con las provincias y debates sensibles.
La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero. Allí se estableció un temario cerrado, lo que limita el tratamiento de iniciativas fuera de las propuestas por el Gobierno antes del inicio de las sesiones ordinarias, previsto para el 1 de marzo.
Un temario limitado y controlado por el Ejecutivo
Entre los proyectos habilitados se encuentran la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y la posible discusión del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado al Congreso.
Además, en los últimos días tomó fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada por el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios del oficialismo.
Reforma laboral: el eje del conflicto con las provincias
La reforma laboral es el proyecto central de las sesiones extraordinarias, pero también el que genera mayor resistencia política, especialmente por su impacto fiscal. El principal punto de conflicto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente los recursos que reciben las provincias por coparticipación.
Según estimaciones oficiales, la baja de alícuotas implicaría una merma total de $3,1 billones en la recaudación, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias, lo que representaría en promedio $144.000 millones menos por mes durante 2026. Ante este escenario, varios gobernadores condicionaron su apoyo a la creación de mecanismos de compensación, que el Gobierno evalúa implementar a partir de 2027.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales, dentro de la Casa Rosada conviven dos posturas: una que busca mantener el texto original y otra que acepta modificaciones para garantizar los votos necesarios, especialmente en el Senado.
Ley Penal Juvenil y baja de la edad de imputabilidad
Otro de los proyectos clave es la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad. La intención inicial del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque admiten que podría elevarse a 14 para alcanzar consensos.
El antecedente inmediato es el dictamen aprobado el año pasado en Diputados, que proponía penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde distintos bloques advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos, mientras que el PRO alertó que una baja a 13 años podría duplicar la cantidad de menores alojados en el sistema penal.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero, aunque no descarta que el tratamiento en el Senado quede para marzo.
Fuente: TN
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