El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones por la explotación de recursos sin autorización argentina en las Islas Malvinas. La iniciativa, presentada tras el avance del proyecto petrolero Sea Lion, propone reemplazar la Ley 26.659 y extender el régimen a recursos naturales renovables y no renovables.
Multas y penas de hasta 20 años de prisión
La propuesta contempla multas equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, suspensión o cancelación de permisos e inhabilitaciones de cinco a 20 años. El régimen abarcaría actividades no autorizadas en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.
En materia penal, la exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación podría recibir penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos se prevén condenas de 15 a 20 años y multas de hasta tres millones de barriles de petróleo. Los proveedores de bienes o servicios esenciales también podrían enfrentar penas de cinco a siete años si conocen el destino de sus suministros.
Restricciones para empresas y alternativas de regularización
Las compañías sancionadas podrían quedar impedidas de operar en Argentina, perder beneficios fiscales, permisos y contratos con el Estado. También se contemplan suspensiones de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, su disolución. En paralelo, un Régimen de Desistimiento y Regularización permitiría archivar actuaciones administrativas y extinguir la acción penal a quienes abandonen las prácticas y cumplan las condiciones previstas, salvo que exista sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo para coordinar la seguridad nacional
Otro eje es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial, encargado de coordinar funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa e inteligencia. El organismo elaboraría una política nacional y participaría en la protección de infraestructuras críticas, como instalaciones y redes indispensables para los servicios esenciales y el funcionamiento estatal.
El proyecto también prevé bloqueos de activos ante riesgos graves e inminentes, reformas en defensa e inteligencia y procedimientos para actuar frente a aeronaves y buques considerados hostiles. En ese marco, prohíbe hundir embarcaciones civiles como sanción, herramienta policial o para impedir una fuga. Las medidas forman parte de una propuesta que todavía debe ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley.
Fuente: Infobae
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Agueda
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