El Gobierno nacional entra en la última semana de negociaciones informales con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, donde buscará avanzar con la reforma laboral, un proyecto que ya sumó algunos apoyos pero también genera fuertes resistencias políticas y sindicales.
La iniciativa fue elaborada por el Consejo de Mayo y presentada el año pasado con la intención de tratarla en diciembre. Sin embargo, la presión de la CGT y la estrategia política de La Libertad Avanza derivaron en la postergación del debate.
Negociaciones contrarreloj en el Senado
En ese contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, decidió suspender la votación prevista luego de que la central obrera anunciara un paro con movilización. La ex ministra de Seguridad optó por priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque logró que la reforma laboral obtuviera dictamen, lo que permitirá acelerar su tratamiento en febrero.
Ahora, Bullrich apunta a reunir los votos necesarios para aprobar la reforma en la segunda semana de febrero. Para eso, durante el receso legislativo se conformó una comisión técnica, encabezada por la abogada Josefina Tajes, que recibió a representantes de distintos sectores para escuchar objeciones y propuestas.
Según fuentes parlamentarias, hubo alrededor de dos mil pedidos de audiencia, tanto de dirigentes políticos como sociales.
Apoyos y reclamos de los gobernadores
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó recorridas por el país para reunirse con gobernadores. Si bien consiguió el respaldo público de algunos mandatarios, otros expresaron críticas al contenido del proyecto.
Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, manifestaron su malestar por la falta de atención al interior productivo y cuestionaron el impacto fiscal de la reforma. En particular, preocupa el artículo que propone bajar el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que afectaría los ingresos provinciales.
Para los tramos 2 y 3 del impuesto —coparticipable— se plantea reducir las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, por lo que las provincias reclaman revisar la medida o recibir algún tipo de compensación.
También hay reparos sobre otros cambios, como la aceleración en la devolución del IVA y beneficios tributarios para fomentar la formalización laboral.
Fuente: Infobae
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