El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental, mediante el decreto 340/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que lleva la firma del presidente Javier Milei y de sus nueve ministros, obliga a garantizar una cobertura mínima de entre el 50% y el 75% de los servicios en caso de paro.
La norma establece que los gremios deberán asegurar al menos el 75% de la prestación habitual en servicios esenciales como salud, transporte, energía, telecomunicaciones y educación inicial y obligatoria. En el caso de actividades calificadas como de “importancia trascendental” –como la industria alimenticia, el transporte terrestre y subterráneo, los servicios de radio y televisión y la producción de medicamentos– el mínimo será del 50%.
Desde el sindicalismo, la reacción fue inmediata. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, anunció que convocará el próximo martes a un plenario de secretarios generales en la sede de la CGT para evaluar el alcance del decreto y definir medidas de protesta.
En la misma línea, Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, cuestionó tanto el decreto 340 como el 341, que excluye al Gobierno de la paritaria nacional docente. “El Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas”, denunció.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que la modificación por decreto del derecho a huelga “es ilegal” y acusó al Ejecutivo de intentar “beneficiar a los patrones” a costa de un derecho constitucional de los trabajadores.
El decreto también contempla la creación de una “Comisión de Garantías” que podrá declarar como servicio esencial cualquier otra actividad no incluida en el listado, si su interrupción afecta gravemente a la población o al abastecimiento de productos críticos. Esta comisión estará integrada por cinco miembros con trayectoria en derecho laboral o constitucional.
La normativa retoma aspectos del capítulo laboral del DNU 70/2023, suspendido previamente por la Justicia a raíz de una presentación de la CGT. Con esta nueva iniciativa, el Gobierno vuelve a avanzar sobre un terreno que promete fuerte conflicto con las centrales sindicales.
Fuente: Infobae














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