El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y que declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para frenar su ejecución. La resolución de primera instancia fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La norma, sancionada en 2025, tiene como objetivo sostener el financiamiento de las universidades públicas y contempla partidas vinculadas a salarios, funcionamiento, becas e investigación.
El Gobierno llevará el fallo a una instancia superior
Desde la Casa Rosada cuestionaron la decisión judicial y sostienen que la aplicación integral de la ley implica gastos que no cuentan con partidas específicas previstas en el presupuesto. Con la apelación, el Ejecutivo buscará revertir la sentencia que dispuso el cumplimiento inmediato de la norma. La Ley 27.795 había sido vetada en 2025, pero posteriormente el Congreso insistió con su sanción con los dos tercios requeridos y quedó promulgada en octubre de ese año.
Desde los gremios universitarios rechazaron la posición oficial. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la apelación y sostuvo que el Gobierno busca demorar la aplicación de una norma ratificada por el Congreso. El conflicto incluye además reclamos por la recomposición salarial de docentes y nodocentes, actualización de becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales.
Convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria
En medio de la disputa, el CIN, las federaciones gremiales y organizaciones estudiantiles convocaron a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre. El acto central está previsto para las 13.30 frente al Congreso de la Nación y tendrá réplicas en diferentes puntos del país. Entre los principales reclamos figuran la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La Ley 27.795 establece que el Ejecutivo debe definir partidas destinadas al programa de Desarrollo de la Educación Superior para sostener, entre otros puntos, las condiciones salariales de docentes y no docentes, la permanencia de los estudiantes, la investigación, la infraestructura y el funcionamiento universitario. La nueva movilización se realizará mientras continúa la disputa judicial y en paralelo al debate por el Presupuesto 2027, que volvió a colocar el financiamiento del sistema universitario en el centro de la discusión política.
Fuente: Infobae
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