El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que lo intimó a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y estará dirigida contra la decisión del juez Martín Cormick.
El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos” y estableció que, si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo otorgado, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora. Desde la Casa Rosada, en cambio, sostienen que las obligaciones dispuestas por la medida ya fueron cumplidas y que esa situación fue acreditada ante la Justicia.
La cautelar permanece firme
El conflicto gira en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La cautelar obliga al Estado a aplicar disposiciones relacionadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de programas de becas estudiantiles. En junio, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Ejecutivo porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que la medida cautelar quedó firme mientras continúa la discusión de fondo.
El Gobierno todavía analiza si solicitará que la nueva apelación tenga efecto suspensivo, lo que implicaría discutir si la intimación debe seguir produciendo efectos mientras interviene la Cámara. La causa principal, en tanto, continúa sin una sentencia definitiva y está relacionada con el cuestionamiento al decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la ley pero condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento.
El conflicto también se traslada al Presupuesto 2027
En paralelo a la disputa judicial, el Ejecutivo busca avanzar en una negociación con las universidades dentro del debate por el Presupuesto 2027. Según la información difundida este viernes, el proyecto enviado al Congreso contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calcula que las necesidades del sistema se acercan a los $11 billones. La Casa Rosada admite que la partida original podría modificarse durante la discusión parlamentaria.
Mientras continúan las negociaciones y el trámite judicial, universidades y gremios mantienen la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La movilización fue ratificada luego de conocerse la intimación judicial y tendrá entre sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición presupuestaria y salarial.
Fuente: TN
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Hannelore
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