Estudiantes de distintas universidades nacionales fueron desalojados por la Policía Federal durante la noche del miércoles 7 de octubre, luego de realizar una sentada en el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta tuvo como principal objetivo exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, después de que la Justicia declarara inconstitucional el decreto que condicionaba su aplicación.
La manifestación comenzó frente al edificio ubicado en Pizzurno 935 y posteriormente continuó en su interior. Participaron estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), entre otras instituciones. Además de reclamar la aplicación de la normativa, solicitaron un aumento de las Becas Progresar y respuestas de las autoridades educativas. Tras varias horas de protesta, efectivos de la Policía Federal intervinieron para desalojar el establecimiento.
El Gobierno anunció una denuncia judicial por la protesta
Luego del operativo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como una “toma violenta” y denunció daños al patrimonio público. La cartera confirmó que presentará una denuncia judicial para investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades. Desde el Gobierno remarcaron que las manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco legal y respetando las instituciones democráticas. Por su parte, los estudiantes sostuvieron que su intención era realizar una protesta pacífica para reclamar el cumplimiento de la ley.
El fallo judicial y una nueva Marcha Federal Universitaria
La protesta se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declarara inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley 27.795. La normativa, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras el rechazo del veto presidencial, contempla medidas destinadas a garantizar el financiamiento de las universidades públicas. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo implementar de inmediato las disposiciones necesarias para su cumplimiento.
En este contexto, las agrupaciones estudiantiles, docentes y trabajadores no docentes mantienen sus reclamos y preparan nuevas medidas de protesta. Para el jueves 15 de octubre está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá como eje central la exigencia de mayores recursos para el sistema universitario y el cumplimiento efectivo de la ley. La movilización se desarrollará en medio de un conflicto que continúa abierto entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa por el presupuesto, los salarios y las becas estudiantiles.
Fuente: Infobae
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